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Abogado por mala praxis profesional

De la doctrina de la perdida de oportunidad. Negligente actuación de un abogado.

Sentencia 119/2021 Audiencia Provincial, Barcelona Sección: 16 de 17/03/2021, sobre la condena de un abogado por mala praxis profesional.

Consideraciones generales acerca de la responsabilidad profesional del abogado:

La relación entre abogado y cliente se desenvuelve normalmente en el marco de un contrato de gestión que la jurisprudencia construye con elementos tomados del arrendamiento de servicios y del mandato ( SSTS 14 de julio de 2005, rec. 971/1999; 30 de marzo de 2006, rec. 2001/1999; 26 de febrero de 2007, rec. 715/2000; 2 de marzo de 2007, rec. 1689/2000; 21 de junio de 2007, rec. 4486/2000; 18 de octubre de 2007, rec. 4086/2000; 22 de octubre de 2008, rec. 655/2003; 282/2013, de 22 de abril, rec. 896/2009 y 10 de junio de 2019, rec. 3352/2016).

Como recuerda la STS de 14 de octubre de 2013, el abogado ha de prestar los servicios profesionales encomendados con la competencia y prontitud requeridas según las circunstancias ( art. 1258 CC), en lo que constituye una obligación de medios y no de resultado. En caso de defensa judicial, ha de ajustarse a la lex artis, esto es, a “las reglas técnicas de la abogacía comúnmente admitidas y adaptadas a las particulares circunstancias del caso como son las de informar de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito o fracaso; cumplir con los deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observar las leyes procesales; y aplicar al problema los indispensables conocimientos jurídicos”; consideraciones que la jurisprudencia hace extensivas a los abogados designados por el turno de oficio (v. SSTS de 12 diciembre de 2003 y 19 de noviembre de 2013).

Para declarar este tipo de responsabilidad profesional es precisa la cumplida prueba del daño efectivo. Ha de concurrir, además, el nexo de causalidad -valorado con criterios jurídicos de imputación objetiva- entre el daño y el incumplimiento de los deberes profesionales del letrado.

La carga de la prueba de la falta de diligencia en la prestación de los servicios profesionales, del nexo de causalidad con el daño producido, así como la existencia y alcance de éste incumbe a la parte que reclama la correspondiente indemnización ( SSTS de 14 de julio de 2005, rec. 971/1999; 21 de junio de 2007, rec. 4486/2000, 22 de octubre de 2008 y 10 de junio de 2019, rec. 3352/2016, 22 de enero de 2020).

Naturaleza del daño derivado de la frustración de una acción judicial de contenido económico

Conviene aclarar que, siendo objeto de debate la frustración de la oposición a una acción judicial de inequívoco contenido económico, el daño ha de calificarse de patrimonial, no moral (en palabras de la STS de 27 de julio de 2006, el referido “al conjunto de derechos y bienes de la personalidad que integran el llamado patrimonio moral”).

Como razonó la STS 801/2006, de 27 de julio, reproducida en la de 22 de enero de 2020:

Cuando el daño consiste en la frustración de una acción judicial (aun cuando, insistimos, en un contexto descriptivo, ligado a la llamada a veces concepción objetiva, el daño padecido pueda calificarse como moral, en cuanto está relacionado con la privación de un derecho fundamental), el carácter instrumental que tiene el derecho a la tutela judicial efectiva determina que, en un contexto valorativo, el daño deba calificarse comopatrimonial si el objeto de la acción frustrada (…) tiene como finalidad la obtención de una ventaja de contenido económico mediante el reconocimiento de un derecho o la anulación de una obligación de esta naturaleza.

No puede, en este supuesto, confundirse la valoración discrecional de la compensación (que corresponde al daño moral) con el deber de urdir un cálculo prospectivo de oportunidades de buen éxito de la acción (que corresponde al daño patrimonial incierto por pérdida de oportunidades, que puede ser el originado por la frustración de acciones procesales: SSTS de 26 de enero de 1999 , 8 de febrero de 2000 , 8 de abril de 2003 y 30 de mayo de 2006 ); pues, aunque ambos procedimientos resultan indispensables, dentro de las posibilidades humanas, para atender al principio restitutio in integrum [reparación integral] que constituye el quicio del Derecho de daños, sus consecuencias pueden ser distintas, especialmente en la aplicación del principio de proporcionalidad que debe presidir la relación entre la importancia del daño padecido y la cuantía de la indemnización para repararlo.

La sentencia de instancia aplica el criterio de la libre discrecionalidad del juzgador, propia de los daños morales, a un daño que, aun teniendo relación en su origen con la privación del ejercicio de un derecho fundamental, no tiene naturaleza moral, sino patrimonial, por más que lo incierto de su cálculo obligue a un juicio de valoración consistente en una previsión probabilística, formulada con la debida prudencia, acerca de la pérdida de oportunidades padecida en función de las posibilidades de buen éxito del recurso interpuesto en relación con el interés económico objeto de la reclamación” (en el mismo sentido, SSTS 157/2008, de 28 de febrero; 303/2009, de 12 de mayo; 250/2010, de 30 de abril; 123/2011, de 9 de marzo; 772/2011, de 27 de octubre; 739/2013, de 19 de noviembre; 583/2015, de 23 de octubre) .

Carece, pues, de fundamento la reclamación de la indemnización de 10.000 euros que reitera la demandante en concepto de moral

Doctrina de la pérdida de oportunidad

Indiscutiblemente, la pasividad del letrado demandado privó a la apelante de la posibilidad de formalizar oposición frente a la ejecución despachada en el proceso que motiva la controversia. El alcance de tal perjuicio (daño patrimonial incierto o hipotético) ha de ser dilucidado conforme a la doctrina jurisprudencial de la pérdida de oportunidad ( SSTS de 20 de mayo de 1996, 26 de enero de 1999, 8 de febrero de 2000, 8 de abril de 2003, 30 de mayo de 2006, 28 de febrero de 2008, 3 de julio de 2008, 23 de octubre de 2008 y 12 de mayo de 2009).

La STS de 22 de enero de 2020 explica dicha doctrina en los siguientes términos:

Esta doctrina, carente de concreta regulación normativa en el Código Civil, con antecedentes en la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, nace con la finalidad de solventar las dificultades probatorias en la acreditación del nexo causal. Se aplica por el TJUE, a título de ejemplo, en la sentencia del Tribunal General de 28 de febrero de 2018, asunto T-292/2015, caso Vakakis kai Synergates contra la Comisión. Tiene reflejo en el art. 7.4.3 de los Principios UNIDROIT, en el art. 163 de la Parte General del Código Europeo de Contratos , así como en el art. 3:106 de los Principios del Derecho Europeo de Responsabilidad Civil.

La pérdida de oportunidad (…) [o]pera como paliativo del radical principio del todo o la nada a la hora de determinar la relación causal entre un hecho y un resultado acaecido, a modo de una imputación probabilistica.

El comportamiento que priva de una chance es un suceso que ha podido ser condición necesaria del daño, pero también no serlo

La aplicación de tal doctrina, en el caso de demandas de responsabilidad civil de abogados y procuradores, por los daños patrimoniales sufridos por sus patrocinados, exige a los tribunales celebrar el denominado “juicio dentro del juicio” (trial within the trial); es decir, apreciar el grado de probabilidad o expectativas de éxito, que cabría racionalmente haber obtenido en el caso de haberse presentado la demanda o el recurso; en definitiva, de no haberse frustrado las acciones judiciales susceptibles de ser ejercitadas.

De manera tal, que si las posibilidades de éxito de la acción no entablada fueran máximas o muy probables, la indemnización sería equivalente a la cuantía del daño experimentado; mientras que, por el contrario, si son muy escasas o muy poco consistentes, la demanda deberá ser rechazada. En los supuestos intermedios entre ambos niveles probabilísticos procederá el resarcimiento del daño en proporción a las posibilidades de que la acción no entablada por causa imputable al letrado prosperase, fijando de tal forma la cuantía del resarcimiento a que tiene derecho el perjudicado, mediante un juicio ponderativo y motivado que debe contener la resolución judicial que decida el litigio

La propia STS de 22 de enero de 2020 aclara que corresponde al demandante “demostrar la seriedad de la oportunidad frustrada y su grado de probabilidad”

No nos encontramos, en fin, ante un caso en que la negligencia del abogado disminuyera “en un grado apreciable” las oportunidades de éxito de la acción procesal frustrada ( STS de 14 de octubre de 2013): aquí, la injustificable pasividad del demandado privó a la clienta de cualquier posibilidad de defensa (aun siendo limitada), provocando que la ejecución siguiera adelante con el consiguiente embargo de sus bienes.

Atendiendo a las circunstancias del caso expuestas a lo largo de la presente resolución, la Sentencia fija en 2.500 euros la indemnización por pérdida de oportunidad que acredita la actora, cifra resultante de aplicar un porcentaje aproximado del 10% a la suma reclamada en concepto de daño patrimonial, porcentaje que consideramos se ajusta de forma razonable a la probabilidad de que la conducta del abogado contribuyera causalmente al fracaso de la defensa en el proceso de constante referencia.

La indicada suma devenga los intereses previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de esta sentencia hasta la de su completo pago. Podéis consultar el texto de la sentencia aquí:

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b3ad4e243c2828a3/20210531

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