Se ha aprobado el proyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional, con el objeto de transponer la Directiva ‘Whistleblowing’ del Parlamento UE 2019/1937 donde se obliga a las empresas de más de 50 trabajadores y la recomendación para las demás, a contar con un canal de denuncias de irregularidades que proteja a los denunciantes de cualquier represalia.
Por ejemplo, las empresas deben preguntarse:
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- ¿Se ha adaptado tu negocio a la nueva regulación?
- ¿Tú empresa cuenta con un canal de denuncias de irregularidades que garantice los derechos de los informantes?
- ¿Se han adoptado medidas para que puedan informarse con garantías las infracciones legales que puedan cometerse en tu actividad empresarial?
La obligación de las empresas ya está aquí. Además se regula la prohibición de cualquier represalia contra ellas y se establecen sanciones de hasta 1 millón de euros para quienes represalien a los «chivatos», perdón, personas informantes.
Bromas de mal gusto aparte estas sanciones se prevén para las acciones u omisiones que limiten los derechos y garantías introducidos en la ley, especialmente las orientadas a obstaculizar, impedir, frustrar o ralentizar las informaciones.
Sanciones por incumplimiento
Además, se contempla un régimen sancionador específico para la comunicación o revelación pública de información de infracciones del ordenamiento jurídico a sabiendas de su falsedad.
En general, el procedimiento sancionador contempla multas que oscilan entre los 1.001 y los 300.000 euros, en el caso de personas físicas; y los 10.001 y el millón de euros, en el caso de las personas jurídicas.
El Proyecto de Ley establece, entre otras medidas, un régimen jurídico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional susceptibles de atentar contra el interés general, tales como prácticas corruptas, el incumplimiento de deberes, o la comisión de delitos o infracciones administrativas.
Con esta norma, cualquier ciudadano y cualquier funcionario público podrá poner en conocimiento las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas, en el ámbito de la contratación o del resto del ordenamiento, y se le deberá de conferir una protección real y efectiva ante cualquier represalia al informante y a su entorno.
Objetivo del canal de denuncias
Se busca garantizar también el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores clave como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.
Otras medidas que contiene la nueva norma en proyecto, es la obligación de contar con un sistema interno de información a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan siempre que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de empleados.
Del mismo modo, se permite comunicar las informaciones realizadas de manera anónima, al igual que en otros modelos de protección del informante ya implantados.
En relación con los plazos para la realización de las investigaciones y para dar respuesta al informante, el proyecto contempla que no será superior a tres meses, siguiendo la línea marcada por la norma europea, con posibilidad de prórroga si la especial complejidad de la investigación lo aconseja.
En Sammos Legal Abogados contamos con asesoramiento especializado en la materia para tu empresa u organización y ponemos a tu disposición el canal de denuncias que garantiza que vas a cumplir con la Ley. No te quedes atrás. Infórmate
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Área de Igualdad y Responsabilidad Social Corporativa
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