Los accidentes laborales pueden afectar a la salud de una persona, paralizar una actividad productiva y desencadenar responsabilidades administrativas, laborales, civiles e incluso penales. Por eso, la prevención de riesgos laborales debe formar parte de la gestión ordinaria de la empresa y no limitarse a disponer de documentación elaborada por un servicio de prevención.
La Ley 31/1995 reconoce el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz y establece el correlativo deber empresarial de proteger la seguridad y la salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Ese deber exige integrar la prevención en la organización y adoptar las medidas necesarias, incluyendo la evaluación de riesgos, la información, la formación, la actuación ante emergencias y la vigilancia de la salud.
En la práctica, una prevención eficaz de los accidentes laborales combina tres elementos: identificar los riesgos reales, aplicar medidas concretas y comprobar que esas medidas se cumplen. La empresa debe poder demostrar no solo que dispone de un plan, sino también que lo mantiene actualizado y que las instrucciones llegan a las personas expuestas.
Qué debe hacer la empresa antes del accidente o accidentes laborales
1. Integrar la prevención en la organización
El plan de prevención debe estar conectado con la actividad diaria: compras, mantenimiento, producción, contratación, organización de turnos, incorporación de personal y coordinación con terceros. La prevención pierde eficacia cuando queda aislada en un archivo que no conocen los mandos ni las personas trabajadoras.
La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva son los instrumentos esenciales para gestionar el sistema preventivo. Cuando se detectan riesgos, la planificación debe establecer medidas para eliminarlos, controlarlos o reducirlos, con prioridades en función de su magnitud y del número de personas expuestas, además de asignar medios humanos, materiales y recursos económicos.
2. Revisar la evaluación cuando cambian las condiciones
La evaluación no debe considerarse definitiva. Conviene revisarla cuando se introducen máquinas o productos nuevos, cambia el proceso de trabajo, se modifica el espacio, aparecen daños para la salud, se incorporan colectivos especialmente sensibles o se detecta que las medidas existentes no son suficientes.
También deben contemplarse los riesgos psicosociales, ergonómicos, de seguridad, higiénicos y los relacionados con desplazamientos, trabajos en altura, espacios confinados, equipos de trabajo o exposición a sustancias. La evaluación debe describir la situación concreta del puesto, no limitarse a fórmulas genéricas.
3. Formar, informar y supervisar
La información y la formación deben adaptarse al puesto, al nivel de responsabilidad y a los riesgos efectivamente existentes. No basta con entregar un manual: es recomendable acreditar el contenido impartido, la fecha, la asistencia, la comprensión de las instrucciones y, cuando proceda, la formación práctica.
La empresa debe proporcionar equipos de protección individual adecuados cuando sean necesarios y velar por su uso efectivo. Esa obligación debe acompañarse de instrucciones, reposición, mantenimiento, supervisión y medidas correctoras ante incumplimientos, siempre con criterios proporcionados y documentados.
4. Controlar equipos, instalaciones y mantenimiento
La prevención exige verificar que las máquinas, herramientas, instalaciones y lugares de trabajo se encuentran en condiciones seguras. Es aconsejable establecer un calendario de mantenimiento preventivo, registrar las revisiones y retirar de uso los equipos defectuosos hasta su reparación.
La empresa debe prestar especial atención a protecciones colectivas, señalización, orden y limpieza, vías de evacuación, almacenamiento, iluminación, ventilación y adecuación de los equipos al trabajo. La seguridad debe diseñarse prioritariamente desde el origen del riesgo, antes de confiar exclusivamente en la conducta individual.
5. Coordinar actividades empresariales
Cuando concurren varias empresas, contratas, subcontratas o trabajadores autónomos en un mismo centro, la coordinación de actividades empresariales debe ser real y operativa. La información sobre riesgos, instrucciones de emergencia, incompatibilidades de tareas, acceso a zonas peligrosas y medidas de protección debe compartirse antes del inicio de los trabajos y actualizarse cuando cambien las circunstancias.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla deberes específicos de coordinación y de vigilancia en determinados supuestos de contratación y subcontratación. La empresa principal debe conservar evidencias de la coordinación realizada y evitar que la presión por plazos o costes desactive los controles preventivos.
Cómo actuar inmediatamente después de un accidente
La primera prioridad es proteger la vida y la integridad de la persona accidentada, evitando que se produzcan nuevos daños. El protocolo interno debería identificar quién activa la emergencia, cómo se solicita asistencia sanitaria, qué centro médico corresponde y quién comunica el hecho a la dirección y al servicio de prevención.
Una pauta básica de actuación en primeros auxilios es proteger, avisar y socorrer: asegurar la zona, alertar a los servicios de emergencia y prestar asistencia dentro de la formación disponible, sin realizar maniobras para las que no se esté capacitado. Debe evitarse mover a la persona accidentada salvo que exista un peligro inmediato o resulte necesario para la asistencia especializada.
Después de atender la emergencia, la empresa debería:
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Asegurar el área y prevenir accidentes secundarios.
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Identificar a las personas testigo y recoger sus datos.
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Conservar, en la medida de lo posible, el estado del lugar, equipos, señalización y elementos relacionados con el accidente.
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Informar al servicio de prevención y activar el protocolo interno.
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Facilitar la asistencia médica y entregar la información necesaria sobre el puesto y el riesgo.
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Documentar cronológicamente las actuaciones realizadas.
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Evitar conclusiones precipitadas o atribuciones de culpa antes de analizar los hechos.
La comunicación administrativa debe realizarse por los canales y dentro de los plazos aplicables. Según la guía del sistema Delt@, el parte de accidente de trabajo debe cumplimentarse, con carácter general, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el accidente o desde la baja médica. En accidentes laborales mortales, graves, muy graves o que afecten a más de cuatro trabajadores, la comunicación urgente a la autoridad laboral debe efectuarse en el plazo máximo de 24 horas cuando concurran los supuestos previstos.
Cómo investigar el accidente
Investigar un accidente laboral no significa buscar automáticamente una persona culpable. Significa determinar qué ocurrió, qué factores contribuyeron al resultado y qué medidas pueden impedir que vuelva a suceder. La investigación debe comenzar lo antes posible, una vez controlada la situación, para preservar información relevante y evitar que desaparezcan evidencias.
Una investigación sólida debería incluir:
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Reconstrucción de los hechos: fecha, hora, lugar, tarea, equipos utilizados y secuencia de acontecimientos.
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Entrevistas: persona accidentada, testigos, mandos y personal de mantenimiento, procurando recoger declaraciones separadas y objetivas.
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Análisis documental: evaluación de riesgos, instrucciones, formación, autorizaciones, mantenimiento, entrega de equipos y coordinación empresarial.
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Identificación de causas: factores técnicos, organizativos, humanos, ambientales y de supervisión.
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Medidas correctoras: acciones concretas, responsables, presupuesto, fecha de ejecución y sistema de comprobación.
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Seguimiento: verificación de que la medida se ha implantado y ha reducido realmente el riesgo.
La investigación debe extenderse también a los incidentes sin lesión y a los accidentes potenciales. Un casi accidente puede revelar una deficiencia que todavía no ha producido daños, pero que merece una respuesta preventiva inmediata.
Responsabilidades que debe prevenir la empresa sobre accidentes laborales
Un incumplimiento preventivo puede generar una inspección, requerimientos de subsanación y sanciones administrativas. La normativa sancionadora considera infracciones en materia de prevención las acciones u omisiones contrarias a las normas de seguridad y salud, incluyendo no evaluar los riesgos, no revisar las evaluaciones cuando proceda o no realizar las actividades preventivas necesarias.
También puede existir responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados, responsabilidad laboral vinculada a prestaciones de Seguridad Social y, en determinados casos, responsabilidad penal. El Código Penal contempla el delito contra la seguridad de los trabajadores cuando, infringiendo las normas de prevención y estando legalmente obligado, no se facilitan los medios necesarios y se pone en peligro grave la vida, la salud o la integridad física; la pena prevista incluye prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Además, el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social prevé un recargo de entre el 30% y el 50% de determinadas prestaciones cuando la lesión deriva de falta de medidas de seguridad y salud. El pago corresponde directamente al empresario infractor, no puede ser objeto de seguro y es compatible con otras responsabilidades.
Por ello, la contratación de un servicio de prevención ajeno no elimina por sí misma la responsabilidad empresarial. La dirección debe integrar la prevención, facilitar recursos, atender las deficiencias detectadas y supervisar que las medidas se ejecutan.
Recomendaciones prácticas para empresas ante accidentes laborales
Para reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante accidentes laborales, resulta recomendable implantar un programa periódico de revisión con, al menos, estas actuaciones:
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Actualizar la evaluación de riesgos después de cambios relevantes y ante cualquier daño o incidente significativo.
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Revisar anualmente la planificación preventiva y comprobar el grado de cumplimiento de cada acción.
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Mantener un registro de formación, información, entrega de equipos, vigilancia de la salud cuando proceda y autorizaciones de tareas de riesgo.
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Programar inspecciones internas de puestos, máquinas, instalaciones y equipos de protección.
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Designar responsables con autoridad y recursos suficientes para corregir deficiencias.
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Establecer un protocolo escrito para emergencias, primeros auxilios, comunicaciones y conservación de evidencias.
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Investigar accidentes e incidentes con una metodología homogénea y orientada a causas raíz.
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Revisar la coordinación con contratistas, subcontratistas, empresas de trabajo temporal y trabajadores autónomos.
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Preparar la respuesta documental ante una visita de la Inspección de Trabajo o una reclamación.
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Solicitar asesoramiento jurídico cuando existan lesiones graves, fallecimiento, discrepancias sobre la contingencia, requerimientos administrativos o riesgo de responsabilidad penal.
El valor de la asistencia jurídica temprana
La intervención jurídica no debe comenzar únicamente cuando llega una demanda. Tras un accidente relevante, una actuación temprana permite ordenar la información, proteger los derechos de la persona accidentada, coordinar la relación con la mutua y el servicio de prevención, valorar las obligaciones de comunicación y analizar los posibles ámbitos de responsabilidad.
SAMMOS legal cuenta con una trayectoria profesional como despacho especializado tanto en reclamaciones derivadas de accidentes laborales y daños como en la defensa legal de empresas. Desde una perspectiva preventiva y litigiosa, su área de Responsabilidades y Empresa acompaña a las organizaciones en el análisis de riesgos jurídicos, la gestión de siniestros, la revisión de responsabilidades y la defensa ante reclamaciones y procedimientos.
La prevención eficaz no consiste en preparar una explicación después del accidente, sino en construir antes un sistema capaz de detectar riesgos, corregirlos y demostrar que la empresa actuó con diligencia. Cuando el accidente ya se ha producido, la rapidez, la coordinación y la calidad de la documentación pueden ser decisivas para proteger a las personas y reducir la exposición jurídica de la organización.
Preguntas frecuentes sobre accidentes laborales
¿Tener contratado un servicio de prevención ajeno protege automáticamente a la empresa?
No. La externalización de determinadas actividades preventivas no sustituye el deber empresarial de integrar la prevención, facilitar recursos y garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras.
¿Debe investigarse un accidente sin baja médica?
Es recomendable investigar los accidentes laborales sin baja y los incidentes o casi accidentes laborales, especialmente cuando revelen un riesgo que podría repetirse con consecuencias más graves. La finalidad es identificar y corregir las causas, no limitarse a registrar el daño producido.
¿Qué debe hacer la empresa si el accidente es grave?
Debe activar la emergencia, prestar o facilitar asistencia sanitaria, evitar nuevos riesgos, informar internamente al servicio de prevención y cumplir las comunicaciones administrativas urgentes que procedan. También debe preservar la información relevante y solicitar asesoramiento especializado antes de realizar declaraciones o adoptar decisiones que puedan afectar a la investigación.
¿La falta de uso de un equipo de protección elimina la responsabilidad empresarial?
No necesariamente. La empresa debe proporcionar equipos adecuados y velar por su uso efectivo; además, debe acreditar información, formación, instrucciones y supervisión. La responsabilidad debe analizarse atendiendo a todas las circunstancias del caso, incluidas la adecuación de la evaluación y las medidas colectivas disponibles.
¿Puede asegurarse el recargo de prestaciones?
No. La responsabilidad por recargo corresponde directamente al empresario infractor y la ley establece que no puede ser objeto de seguro.
(Artículo informativo. La aplicación de las obligaciones y responsabilidades debe analizarse según las circunstancias concretas de cada accidente y la normativa vigente.)
Sobre el autor:
Abogado – Socio Área de Responsabilidades y Empresa
Sammos Legal Abogados
