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En este artículo os damos las pautas que debeis seguir si te atropella un patinete eléctrico.

Con la irrupción de estos vehículos de movilidad (VMP) en el mercado, miles son las personas que los utilizan para los desplazamientos diarios en las ciudades y numerosos son los incidentes que está causando su uso, en gran medida, por la falta de adaptación del usuario al vehículo y a las normas de circulación que regulan el tráfico y la movilidad de peatones, bicicletas, motocicletas y vehículos de 4 ruedas y camiones.

Ante esta elevada siniestrabilidad, para abordar las consecuencias legales derivadas de un accidente de circulación en el que interviene un vehículo de movilidad personal, como puede ser un patinete eléctrico, debemos prestar atención a los siguientes puntos.

Si necesita ayuda puede contactarnos a través del siguiente botón:

SOLICITAR CONSULTA

Existe un RD 970/2020, publicado el 11 de noviembre de 2020 en el BOE y se aplica desde el 1 de enero de 2021. Cada ayuntamiento también regula el uso de los MVP y aplica sus propias normas. En Barcelona, por ejemplo, el uso del casco es obligatorio desde el 30 de abril de 2021. También es obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil para terceros.

Los patinetes eléctricos, aunque no lleven un motor de combustión si que llevan un motor eléctrico, son considerados vehículos y deben cumplir las normas de circulación. Por ejemplo, deben circular por la calzada (por la acera no), por cualquier carril 30 o carril bici. Está prohibida su circulación por vías interurbanas, travesías, autovías autopistas o túneles urbanos.

Si te atropella un patinete eléctrico lo primero que hay que hacer es tratar de identificar al responsable y al patinete. Dado que no llevan placa identificativa, resultará complicado si no se hace por las buenas, o bien no acude ningún agente de la autoridad. Es conveniente obtener el nombre completo y dirección de contacto y, si el patinete cuenta con seguro, pedirle también los datos de la póliza. Si tenemos una DAA (declaración amistosa de accidente) es muy conveniente rellenarla con los datos y la descripción de como ha sucedido el accidente y si se puede consignar quien asume la responsabilidad, mucho mejor.

  1. Hay que recopilar los siguientes datos del accidente: lugar exacto, datos personales de testigos, fotografías del lugar, parte sanitario de las lesiones sufridas, fotografías de los daños sufridos o de las lesiones padecidas.
  2. Si intervienen los agentes de la fuerza pública (policía local), deberemos obtener una copia del atestado.
  3. Recopilar la valoración de los importes de los daños sufridos en ropa, aparatos electrónicos, móviles, relojes, gafas, o los daños sufridos en nuestra moto, patinete o vehículo de 4 ruedas o camión. Para ello es útil la factura de compra, una captura de pantalla de internet donde se valore el mismo bien dañado, la factura de reparación, un presupuesto…
  4. Tenemos el plazo de 1 año para reclamar la indemnización al responsable conductor del patinete. La reclamación debe constar por escrito y se pueden utilizar cualquier medio en el que quede constancia de su contenido (correo electrónico certificado, buroSMS, Whatsapp, carta por burofax…)
  5. Si el usuario del patinete es menor de edad, deberán responder sus padres o tutores. Nuevamente se pone de manifiesto la importancia de una correcta identificación del conductor del VMP.
  6. Si se da a la fuga hay que avisar a la policía local o a los sanitarios para que acudan y recojan los datos de testigos y demás circunstancias que permitan, en un futuro y en la medida de lo posible, identificar al responsable. Datos del patinete y de los rasgos físicos de la persona.

Deberemos prestar atención a nuestra propia responsabilidad en la producción del accidente.

Si quieres que te asesoremos con este o cualquier asunto de otra índole, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Sobre el autor:

luis lopez abogado en barcelona

Luis López

SOCIO AREA LITIGACION

Sammos Legal Abogados

El día 5 de octubre de 2021, a las 9.00 horas se abre el plazo para solicitar las nuevas subvenciones para comercios, servicios y también en el ámbito de la moda con la finalidad de dar apoyo a la internacionalización de las marcas catalanas de moda, la comercialización de sus productos, la sostenibilidad y la tecnología aplicada a la industria de la moda (fash-tech), así como, dar respuesta a los efectos causados por la declaración del estado de alarma decretado el 14 de marzo por el RD-463/2020.

Los destinatarios y beneficiarios de las nuevas subvenciones para comercios son:

Los profesionales autónomos que estén dados de alta en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA), las empresas individuales, asociadas o agrupadas (cooperativas de comercio, servicios, artesanía y moda y centrales de compra), dadas de alta en el censo del impuesto de actividades económicas, y las administraciones locales y sus organismos públicos que estén adscritos o vinculados.

Las entidades territoriales, gremios y entidades sectoriales sin ánimo de lucro y las asociaciones de mercados municipales sedentarios y no sedentarios.

A los efectos de esta convocatoria se entienden como empresas de servicios aquellas que prestan las actividades empresariales que se relacionan a continuación:

    • Talleres mecánicos.
    • Servicios fotográficos.
    • Copisterías y artes gráficas.
    • Servicios de reparaciones.
    • Agencias de viajes detallistas.
    • Tintorería y lavanderías.
    • Peluquería y salones de estética y belleza.
    • Bares y restaurantes.
    • Servicios de comer preparado y catering.
    • Servicios de alquiler de cebes.

A los efectos de estas bases reguladoras se entienden como empresas de comercio aquellas que prestan las actividades empresariales de comercio al detalle, quedando excluidos expresamente los fabricantes y mayoristas que no realizan venta al detalle.

Las personas beneficiarias que soliciten la subvención en el marco de los programas que se detallan a continuación deben tener, como mínimo, un establecimiento operativo en Cataluña. Para el Programa 8 “para la reactivación y transformación de la moda catalana” deben tener establecimiento operativo en Cataluña o razón social en Cataluña.

A los efectos de estas bases reguladoras sólo podrán ser beneficiarias las incluidas dentro de la categoría de pyme (pequeñas y medianas empresas), es decir empresas de menos de 250 trabajadores y con volumen de negocio anual que no exceda los 50 millones de euros o un balance general anual que no excede los 43 millones de euros.

Consúltanos si tu empresa cumple con los requisitos publicados en las bases reguladoras de esta convocatoria y no dejes pasar esta ayuda para tu negocio.

 

Sobre el autor:

luis lopez abogado en barcelona

Luis López

Socio Area Litigación y Corporate

SAMMOS LEGAL ABOGADOS

Esta semana hemos conocido que el abogado general del TJUE considera que España viola la directiva europea en materia de seguridad social y garantía de trato igualitario en cuanto a las empleadas del hogar y hubo otra recriminación a España por no legislar garantizando la igualdad de género en materia de Seguridad Social.

Así lo ha referido en su informe, en el que apunta que las disposiciones nacionales que impiden el acceso de las empleadas del hogar a la prestación de desempleo suponen una discriminación de la mujeres al ser el colectivo mayoritario en dicho régimen (el 95% de empleados domésticos son mujeres).

En sus conclusiones presentadas, el abogado general subrayó que a la hora de regular el sistema de seguridad social y en particular las prestaciones por desempleo, los países de la UE deben respetar el principio de no discriminación por razón de sexo.

El origen de este pronunciamiento nace de la denuncia formulada por una trabajadora de Vigo que solicitó a la TGSS que le permitiera cotizar por la prestación de desempleo la cuestión pre-judicial formulada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo que antes de pronunciarse a formulado consulta al Tribunal Europeo.

Su empleador estaba dispuesto a abonar la cotización que solicitó la trabajadora, pero la Tesorería la rechazó porque la protección que confiere el sistema especial de seguridad social para empleados del hogar no comprende la protección por desempleo.

Resulta encomiable que ciudadanos anónimos se impliquen en este tipo de asuntos para que las carencias y discriminaciones que la política no arregla ni subsana, sea del color que sea, se muevan a base de gestos como este. Nuestra gratitud a quienes como en este caso, mueven el árbol para que visibilicemos estas situaciones y que algo se mueva.

Este pronunciamiento puede conllevar que estemos más cerca de que las empleadas del hogar puedan acceder a la prestación de desempleo o popularmente conocida como “paro”, de la que hasta ahora, estaban excluidas.

Recordemos que algunos de los cambios más importante de los últimos años en materia de Seguridad Social, traen precisamente su origen en casos similares, como la equiparación de cotización a tiempo parcial y jornada completa para el acceso a las pensiones.

Desde el Área Laboral de SAMMOS LEGAL estamos a vuestra disposición para ampliar esta información y aclarar las dudas al respecto.

 

Sobre el autor:

avelina barja abogado laboral barcelona

Avelina Barja

SAMMOS LEGAL ABOGADOS

El Gobierno ha prorrogado algunas de las medidas adoptadas en los decretos anteriores, entre las que se encuentran prorrogar los ERTE y las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social.

A diferencia del procedimiento seguido en ocasiones anteriores, para extender los efectos y así prorrogar los ERTE que se pretendan mantener vigentes más allá del 1 de noviembre de 2021, se exigirá:

    • Tramitar una petición expresa de prórroga ante la autoridad laboral competente.
    • Presentar una nueva comunicación colectiva, ante al SEPE, para que los trabajadores puedan mantener la prestación de desempleo.

1º Solicitud expresa de prórroga ante la autoridad laboral que lo autorizó inicialmente, entre los días 1 y 15 de octubre del 2021.

Aquellas empresas que deseen ampliar el periodo de aplicación de los ERTE de fuerza mayor de limitación o impedimento y los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, conocidos como ETOP, vinculados a la crisis pandémica, más allá del 1 de noviembre, deberán registrar dicha solicitud en el plazo indicado.

En otro caso decaerá automáticamente la autorización de aplicación, el 31 de octubre de 2021. Es decir,  más que una prorroga propiamente dicha, nos encontramos con una condición ex lege de aplicabilidad que se impone por encima incluso de la voluntad negociadora de las partes en el caso de los ERTE ETOP.

2º Acompañará la mencionada solicitud una relación de las horas o días de trabajo suspendidos o reducidos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, de cada una de las personas trabajadoras, debidamente identificadas, en relación con cada uno de los centros de trabajo.

3º Si la solicitud de prórroga del expediente afecta a un ERTE ETOP, relacionado con las derivadas del Covid-19, se adjuntará, además, informe de la representación de las personas trabajadoras con la que se negoció aquel.

4º La autoridad remitirá el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá resolver en el plazo de 10 días hábiles si prorroga el expediente hasta el 28 de febrero de 2022. El silencio administrativo se entenderá, positivo.

En lógica previsión derivada del momento histórico que vivimos, se legisla la posibilidad de que aquellas empresas que se vean afectadas por las nuevas restricciones, entre el 1 de noviembre del presente año y el 28 de febrero del 2022, puedan solicitar la tramitación de un nuevo ERTE de fuerza mayor por impedimento o limitaciones en la actividad normalizada de la empresa, así como transitar de uno a otro sin necesidad de tramitar un nuevo expediente, pero sólo en estos casos.

5º Sin duda una de las novedades más importantes que presenta la nueva norma, es la relacionada con las acciones formativas vinculadas a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social.

Y es que para acogerse a las exenciones establecidas en el propio cuerpo normativo en sus % más elevados (entre el 40% y el 80%), es necesario que las empresas, con 10 o más trabajadores, cuyo expediente sea prorrogado, desarrollen acciones formativas, antes del 30 de junio de 2020, de entre 30 y 40 horas de duración, en función de la plantilla.

A partir del 30 de junio de 2022, la Tesorería General de la Seguridad Social comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal la relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones establecidas entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

El Servicio Público de Empleo Estatal, por su parte, verificará la realización efectiva de las acciones formativas.

Cuando no se hayan realizado las acciones formativas referidas, según la verificación realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, la Tesorería General de la Seguridad Social informará de tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas que correspondan por la diferencia entre los importes aplicados y los establecidos, respecto de cada una de las personas trabajadoras por las que no se hayan realizado dichas acciones.

En el supuesto de que la empresa acredite la puesta a disposición de las personas trabajadoras de las acciones formativas no estará obligada al reintegro de las exenciones, cuando la persona trabajadora no las haya realizado.

6º Muy importante: Las empresas a las que les sea autorizada prorrogar los ERTE, deberán presentar una nueva solicitud colectiva de prestaciones ante el SEPE, en el plazo de quince días hábiles siguientes al 1 de noviembre de 2021, o a la fecha de la notificación de la resolución expresa de la autoridad laboral aprobando la prórroga, o del certificado acreditativo del silencio administrativo, en caso de que sea posterior al 1 de noviembre.

7º Debemos destacar también que se mantiene el compromiso de mantenimiento de empleo durante 6 meses desde la reincorporación al trabajo efectivo de alguno de los trabajadores afectados por el expediente o desde la finalización del anterior compromiso de mantenimiento de empleo, manteniendo las excepciones que en su momento recogió el RD Ley 8/2020.

También se mantiene la cuantía de la prestación derivada de la suspensión del contrato en un 70% de la base reguladora con los topes legales a la misma y el “contador a cero” o reposición de prestaciones consumidas durante la vigencia de estos ERTE, para quienes accedan a la situación legal de desempleo por despido antes del 1 de enero de 2023. Si bien a partir de esta última fecha, sólo se considerarán consumidas las prestaciones percibidas a partir del 1 de enero de 2021.

Resulta esencial que, en los primeros días de octubre de 2021, la empresas determinen si hay necesitan prorrogar los ERTE aún vigentes, de fuerza mayor y ETOP, para poder gestionar su prórroga con el nuevo procedimiento extraordinario incorporado en este nuevo RD Ley.

Finalmente, el contenido del Real Decreto-Ley 18/2021 no solo incluye medidas relativas a la suspensión de los contratos de trabajo, sino que también promueve medidas de protección de trabajadores autónomos. En los artículos dedicados a estos, cabe destacar las exenciones en la cotización en algunos supuestos concretos, así como el mantenimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad en sus diversas modalidades.

Los profesionales del Área Laboral de SAMMOS LEGAL nos ponemos a su disposición para completar y ampliar esta información.



Sobre los autores:

avelina barja abogado laboral barcelona

Avelina Barja

SAMMOS LEGAL ABOGADOS

 

Victor Serrano

SAMMOS LEGAL ABOGADOS

El Juzgado Social 27 de Barcelona ha estimado la demanda dirigida por los Abogados del equipo laboral de SAMMOS LEGAL y reconoce a nuestre cliente, en sentencia de julio de 2021 el grado de incapacidad permanente absoluta por las secuelas limitativas del desempeño de toda profesión derivadas de extracción de un Schwannoma gigante.

¿Cómo se determina el grado de incapacidad permanente absoluta?

En su pronunciamiento el juzgado acogiendo entre otras la doctrina judicial fijada en la Sentencia del TSJ de Cataluña 2373/2020 de 11 de junio que analiza el contenido y alcance de la incapacidad absoluta, reitera que la clasificación de la incapacidad se graduará en función de la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía o del grupo profesional antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente.

¿Qué es la incapacidad permanente absoluta?

En virtud de la disposición transitoria vigésima sexta, que complementa el Art. 194 TRLGSS, se entiende por incapacidad permanente absoluta aquella incapacidad que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio. Además, apunta la jurisprudencia, que la aptitud profesional, la capacidad del trabajador para continuar con su profesión, se trata de la posibilidad de realizar una actividad con el rendimiento normalmente exigible, así como con la habitualidad precisa y no la mera posibilidad de realizar alguna tarea esporádica, superflua, o marginal.

En este sentido la incapacidad permanente absoluta es aquella que “inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio” y “la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva, y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral» (sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1990 y 13 de junio de 1990). A mayor abundamiento, para valorar la afectación de la incapacidad, deberán tenerse en cuenta todos los padecimientos, secuelas y limitaciones causadas por la enfermedad.

¿Qué dice la sentencia de este caso?

En el caso que nos incumbe, el juzgador valora que el trabajador soporta unas secuelas que afectan gravemente no solamente a su profesión habitual y a cualquier otro oficio o trabajo, sino también a su día a día. Viendo que, además de las lesiones y secuelas ya mencionadas, todos los informes médicos convienen en que el actor tiene un dolor invalidante, desesperante y persistente, crisis dolorosas durante el día y que los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos tienen un resultado pobre, por lo que entiende que no cabe otra alternativa que reconocerle la incapacidad permanente absoluta.

 

Sobre las autoras:

avelina barja abogado laboral barcelona

Avelina Barja

Sammos Legal Abogados

 

Pilar Linares

Sammos Legal Abogados

Hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña la resolución DSO/2842/2021, de 16 de septiembre, por la que se acuerda una primera ampliación del importe máximo inicial de la dotación presupuestaria de la Resolución TES/1169/2021, de 13 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones para el alquiler de viviendas para el año 2021.

Presupuesto

El importe de 20.000.000 de euros que prevé el apartado 3 de la Resolución TES/1169/2021, de 13 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el alquiler de viviendas para el año 2021.

Importes máximos

De acuerdo con el apartado 1.d) de la base reguladora 4 del anexo de la Resolución TES/985/2021, de 7 de abril, el importe máximo de alquiler o renta mensual para la vivienda no puede ser superior a los importes siguientes:

    • Barcelona ciudad: 800 euros.
    • Demarcación de Barcelona: 800 euros.
    • Demarcación de Girona: 550 euros.
    • Demarcación de Tarragona: 550 euros.
    • Demarcación de Lleida: 500 euros.
    • Tierras del Ebro: 400 euros.

Para familias numerosas y para unidades de convivencia con algún miembro con discapacidad legalmente reconocida y baremo favorable, el importe máximo de alquiler mensual es de 900 euros en todo el territorio de Cataluña.

¿A quién dirigirse?

El órgano instructor de la convocatoria es la persona titular del Área de Ayudas Sociales a la Vivienda, con la colaboración de las oficinas locales de vivienda, las bolsas y las entidades que hayan suscrito un convenio con la Agencia de la Vivienda de Cataluña a estos efectos. La competencia para el otorgamiento de las subvenciones corresponde a la persona titular de la Dirección de Programas Sociales de Vivienda, por delegación del presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, según la Resolución GAH/380/2016, de 15 de febrero.

Plazo de presentación

El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones de concesión de subvenciones para el alquiler de viviendas es de seis meses a contar a partir del día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

 

luis lopez abogado en barcelona

Sobre el autor:

Luis López

Sammos Legal Abogados

Las empresas que tengan trabajadores que realicen funciones laborales en la modalidad teletrabajo, deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), dentro de las retribuciones de cada uno de ellos, un nuevo concepto retributivo 0062 gastos de teletrabajo.

Así, las empresas que tengan trabajadores que realicen funciones laborales en la modalidad teletrabajo, deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social -TGSS-, dentro de las retribuciones de cada uno de ellos, un nuevo concepto retributivo 0062 gastos de teletrabajo. La TGSS ya ha implementado en su plataforma este nuevo concepto retributivo para cumplir con la obligación de información por parte de las empresas.

El Real Decreto-ley 28/2020, establece el derecho de los trabajadores que presten sus servicios bajo esta modalidad, a recibir el abono o compensación de los gastos en que pudieran incurrir por el desempeño de sus tareas (equipos informáticos, herramientas y otros medios):

Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

De esta manera, el TGSS busca recoger la compensación de estos gastos que soportan los trabajadores por desempeñar su trabajo a distancia, y que les son abonados/compensados por parte de la empresa.

Para estos casos, la justificación vendría dada por el contenido del acuerdo de trabajo a distancia establecido entre empresa y trabajador y la regulación recogida en los convenios o acuerdos colectivos.

Si su empresa compensa este tipo de gastos, no olvides relacionar los mismos en este nuevo concepto retributivo 0062 gastos de teletrabajo con obligación de comunicar a la TGSS.

Finalmente, te recordamos que estas compensaciones no cotizan y no se incluyen en la base de cotización.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

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Ahora vamos a destacar cómo tramitar un ERTE por impedimento o por limitación:

El art. 2 del RDL 11/2021 recuerda los trámites necesarios para instar un expediente nuevo, remitiendo al art. 2 del RDL 30/2020 en lo que respecta a la solicitud del expediente y al procedimiento y requisitos para beneficiarse de la exoneración de cuota.

Recordemos, aunando las últimas normas sobre el particular:

  • Se requiere, en caso de expediente nuevo, la autorización de un ERTE.
  • Para tramitar un ERTE, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es potestativa para la autoridad laboral.
  • Para las exenciones a aplicar por la Tesorería General de la Seguridad Social, se requiere instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadores y periodo de la suspensión o reducción, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo.
  • La mencionada declaración responsable debe hacer referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo y al cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de las exenciones. En concreto y, en cualquier caso, la declaración hará referencia a haber obtenido la correspondiente resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo.
  • Para que la exención resulte de aplicación, las declaraciones responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
  • La renuncia expresa al ERTE determina la finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como a la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta renuncia expresa a tramitar el ERTE.
  • A los efectos del control de las exenciones de cuotas, es suficiente la verificación de que el SEPE o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el periodo de que se trate (con las particularidades a las que se refiere la normativa). No obstante, en el caso de las personas trabajadoras a las que no se haya reconocido la prestación por desempleo, será suficiente la verificación del mantenimiento de la persona trabajadora en la situación asimilada a la de alta
  • El SEPE y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, proporcionarán a la Tesorería General de la Seguridad Social la información de las prestaciones de desempleo reconocidas a las personas trabajadoras. A tal efecto, la Tesorería podrá establecer los sistemas de comunicación necesarios con el SEPE para el contraste con sus bases de datos de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.
  • Las exenciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos. Serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del SEPE y del FOGASA, respecto a las aportaciones que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.
  • Las exenciones se aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas o reducidas, al abono de la aportación empresarial y del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

Tránsito desde un expediente por impedimento a limitación, o viceversa

Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de fuerza mayor por parte de la autoridad laboral, mediante la correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio administrativo, el paso de la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá tramitar un ERTE de nuevo.

Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa.

Este cambio de situación y su fecha de efectos, así como los centros y personas afectadas, debe comunicarse por la empresa a la autoridad laboral que hubiese aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras. Tras la comunicación a la autoridad laboral, se presentará declaración responsable a la Tesorería General de la Seguridad Social; y la autoridad laboral trasladará la comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para llevar a cabo el control sobre la correcta aplicación de las exenciones.

Estas previsiones también son aplicables cuando la resolución estimatoria de la autoridad laboral (expresa o por silencio administrativo) hubiese tenido lugar en aplicación de la normativa precedente, cuando se produzca el paso de la situación de impedimento a otra de limitación en el desarrollo normalizado de su actividad, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas competentes, o viceversa.

Por último, y efectos del Servicio Público de Empleo Estatal, debe entenderse que bastará con la remisión, en el fichero XML habitual, de los periodos de actividad de los trabajadores afectados, a fin de que perciban correctamente la prestación por desempleo.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Sobre el autor:

avelina barja abogado laboral barcelona

Avelina Barja

Sammos Legal Abogados

Reapertura del periodo de captación de clientes para la demanda colectiva contra Volkswagen

Todos aquellos interesados en adherirse a nuestra Plataforma de demanda colectiva contra Volkswagen, pueden ahora volver a hacerlo.

Desde Sammos Legal Abogados, reivindicaremos sus legítimos derechos como consumidores en la demanda colectiva de la Plataforma en la Audiencia Nacional ante Volkswagen.

Tras haber cerrado, con gran éxito, el último plazo de captación de clientes el pasado diciembre, volvemos a reabrirlo para que todos aquellos afectados por el escándalo de las emisiones no queden indefensos ante el fraude de Volkswagen.

Con toda seguridad, esta reapertura de captación sea la última así que no pierda la oportunidad de unirse a nosotros. Recuerde que, cuantos más seamos, mayor repercusión tendrán nuestras reclamaciones y peticiones ante la Audiencia Nacional. Hasta hoy, tenemos más de 4000 clientes personados ante la Audiencia Nacional.

¿Por qué adherirse a la plataforma ALDEA – Agrupación de Afectados por Volkswagen?

Porque no cobraremos nada por adelantado, sólo si usted se lleva una indemnización. Además, hemos añadido una petición de reparación de daños morales en nuestra demanda, lo que hace que la pretensión económica para cada indemnización supere, con amplitud, los 3.000 € por cliente.

También porque los Tribunales señalan, con sus sentencias, que nuestras pretensiones son de Justicia, tal y como se pudo apreciar en Sentencia de 25 de enero de 2021, del Juzgado número de lo Mercantil de Madrid, que dio la razón a otra plataforma de consumidores ante el agravio y abuso de Volkswagen.

Otro argumento de peso para que se una a nosotros radica en nuestra experiencia contrastada en el litigio contra Volkswagen. También en Alemania, donde, recientemente, hemos solicitado la nulidad de los contratos de compra de los clientes con VW con el objetivo de forzar al grupo automovilístico alemán a llegar al acuerdo más beneficios posible con nuestros clientes.

Incluso estamos trabajando en hacer llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial para saber si es posible trasladar el caso de la AN a Alemania, donde se prevén indemnizaciones notablemente más elevadas que las que se concederán aquí en España.

Por todo lo señalado, nos configuramos como una de las mejores alternativas para litigar contra Volkswagen y tratar, a toda costa, que el perjuicio causado a todos nuestros adheridos sea reparado por el gigante automovilístico alemán.

Puede adherirse a la Plataforma ALDEA – Agrupación de Afectados por Volkswagen puede remitirnos via mail la siguiente documentacion:

1.- DNI del titular del vehículo

2.- Factura de compra

3.- Ficha Tecnica

4.- Permiso de circulacion

5.- Comprovante de la afectación.

Una vez nos la hayan remitido les enviaremos una Hoja de Encargo y otra de Designa para que nos las retronen rellenadas y firmadas

Si tienen alguna duda acerca de este procedimiento, no duden en contactarnos.

 

 

Sanciones de hasta 600.000 a los contribuyentes que no revisen sus notificaciones electronicas

Aquellos que, estando incluidos en el sistema obligatorio de notificaciones electrónicas, no accedan al “inbox” de la AEAT, al menos cada diez días, se exponen a la comisión de una infracción tributaria por “resistencia, obstrucción, excusa o negativa” a las actuaciones de la Administración que lleva aparejada sanciones a los contribuyentes de entre 150 euros a 600.000 euros.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) lo ha establecido en una reciente resolución al interpretar que el no estar pendiente de sus requerimientos puede suponer “resistencia, obstrucción, excusa o negativa” a las actuaciones de Hacienda. Incluso no es necesario que se pruebe la intención de burlar la información enviada, basta con que haya sido “debidamente notificado”.

El art. 203 LGT señala que “no atender algún requerimiento debidamente notificado” es una infracción grave y las multas pueden ir desde los 150 euros hasta los 600.000 euros, dependiendo de la información solicitada, o un tanto por ciento de la cifra de negocios del infractor en el año natural a aquél en el que se produjo el incumplimiento.

El plazo límite fijado para comprobar si se tiene notificaciones electrónicas es de diez días naturales desde “su puesta a disposición”.

El TEAC rechaza que para cometer esta infracción sea necesaria una intencionalidad específica de dilatar el procedimiento. Equipara el buzón o casillero físico del domicilio del interesado con el buzón electrónico en la dirección electrónica habilitad.

De este modo, una sociedad o un autónomo, por ejemplo, no pueden excusarse en que no tuvieron constancia de los requerimientos al no haber podido recibir las notificaciones o al no haber podido acceder a su buzón electrónico por cualquier motivo. Ni siquiera la falta de medios técnicos.

En SAMMOS LEGAL disponemos de un servicio de comprobación y de recepción de notificaciones electrónicas por un experto, tanto de la AEAT como de la TGSS para que nuestros clientes puedan estar tranquilos. Comprobamos periódicamente sus buzones y analizamos sus notificaciones informando puntualmente al cliente para adoptar las medidas que resulten necesarias.