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Los despidos no hacen vacaciones

El mes de julio es el mes del año en el que se producen más despidos. Especialmente los últimos días del mes, justo antes de vacaciones.

Esto puede suponer que si se desconoce el procedimiento a seguir y los plazos que rigen la impugnación del despido, se nos caduque la acción y no podamos reclamar nada.

¿Qué es impugnar un despido?

Impugnar un despido significa solicitar al juez que califique la decisión extintiva del empresario como procedente, improcedente o nulo, y que, por tanto, despliegue los efectos jurídicos que corresponda a cada calificación.

Por eso, hay que tener en cuenta que cuando nos despiden, únicamente tenemos 20 días hábiles para impugnarlo. Al ser hábiles no se computarán los días festivos ni los fines de semana.

No obstante, es importe tener en cuenta que agosto es hábil. Es decir que aunque en términos generales es inhábil, cuando estamos frente a un despido los días de agosto cuentan como hábiles.

Además, cabe recordar que la empresa si es privada, no tiene obligación alguna de indicar en la carta de despido el plazo del que dispone el trabajador para impugnar el despido, siendo que la tendencia general de la gran mayoría es no informar de este plazo en la comunicación de despido. (En las empresas públicas el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 24 de julio de 2020, vino a establecer que si el acto de notificación de despido no contiene información del plazo de impugnación, este no empieza a computar y permanece suspendido hasta que el trabajador no formula alguno de los recursos procedentes frente al mismo.)

En la mayoría de ocasiones las empresas aprovechan para realizar despidos en los últimos días del mes de julio, y es el trabajador quién debe saber que durante el mes de agosto está corriendo el plazo para interponer la demanda por despido.

Plazo improrrogable

Así, también cabe tener en cuenta que este plazo improrrogable para impugnar es de caducidad. Esto implica que, una vez trascurran los días, si no se ha iniciado el procedimiento, la acción caducará y no habrá nada más que se pueda hacer para reclamar.

En definitiva, si te han despido y quieres impugnar tu despido, no dudes en contactar con nosotros lo antes posible para poder valorar tu caso y encontrar la mejor solución en atención a tus intereses puesto que el plazo en España es muy breve y su trascurso no puede ser corregido.

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Y no olvides que los despidos no hacen vacaciones, y que los días hábiles de agosto cuentan a efectos de cómputo de plazo de caducidad para reclamar frente al despido.

Sobre el autor:

Andrea Velasco

Licenciada en Derecho

Sammos Legal Abogados

 

 

 

Supervisado por:

Avelina Barja

Abogada Socia Área Laboral

Sammos Legal Abogados

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Indemnización por muerte causada por enfermedad o accidente de trabajo

Cuando un trabajador o autónomo fallece por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, la Seguridad Social concede a determinados beneficiarios, además de la correspondiente pensión, una indemnización por muerte a tanto alzado.

 

¿Quiénes son los beneficiarios?

  • El cónyuge, el sobreviviente de la pareja de hecho, el ex-cónyuge divorciado, separado o con matrimonio declarado nulo, beneficiarios de la pensión de
  • Los huérfanos, beneficiarios de la pensión de
  • El padre y/o la madre que estén a cargo de la persona fallecida, siempre que no existan otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, ni ellos mismos tuvieran derecho a ella con ocasión de la muerte del causante.

¿Y cuál es la cuantía que les corresponde?

 

Al cónyuge, pareja de hecho o ex-cónyuge divorciado, separado o con nulidad matrimonial:

  • Seis mensualidades de la base reguladora de la pensión de viudedad.
  • En el supuesto de concurrir más de un beneficiario, la distribución de la indemnización se realizará de la misma manera que la pensión de viudedad, incluida la garantía del 40% de la indemnización a favor del cónyuge sobreviviente o del que, sin serlo, conviviera con el causante y fuera beneficiario de pensión de viudedad.
  • Si se trata de un solo beneficiario con matrimonio declarado nulo, la cuantía de la indemnización será proporcional al tiempo convivido en matrimonio con el fallecido.

A los huérfanos:

  • Una mensualidad de la base reguladora de la pensión de orfandad.
  • Más la cantidad que resulte de distribuir entre los huérfanos las seis mensualidades de la base reguladora de la pensión, si no existe cónyuge, pareja de hecho o excónyuge con derecho a indemnización. Se entiende que se cumple esta condición de que no exista cónyuge en aquellos supuestos en que no hubiera mediado matrimonio entre los progenitores del huérfano.

Si precisa asesoramiento legal experto acerca de alguna indemnización por fallecimiento, no dude en consulta con nuestros especialistas a través del siguiente botón:

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Padre y/o madre:

  • Nueve mensualidades de la base reguladora si se trata de un ascendiente.
  • Doce mensualidades de la base reguladora, si se trata de ambos ascendientes.

Como excepción se contempla que, en los supuestos de fallecimiento de pensionistas por incapacidad permanente, derivada de contingencias profesionales, el cálculo de la indemnización se efectuará sobre la cuantía de la pensión que estuviera percibiendo el causante en el momento del fallecimiento.

Para terminar existen unas incompatibilidades:

  • La indemnización del cónyuge y de los hijos es compatible con las pensiones de viudedad y orfandad reconocidas a éstos.
  • La indemnización de los ascendientes es incompatible con cualquiera de las pensiones de muerte y supervivencia que pudieran corresponderles a ellos o a otros familiares.

Avelina Barja

Socia Área laboral y Seguridad Social

Sammos Legal Abogados

 

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Nueva ayuda para contratar parados de larga duración

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, pone en marcha un programa de ayudas a la contratación para contratar parados de de larga duración o de colectivos de riesgo de exclusión social, y fomentar así la ocupación de los puestos laborales en la ciudad.

¿Quienes pueden optar a pedir esta subvención para contratar parados de larga duración?

Todas las empresas o entidades que cumplan, entre otras, las siguientes condiciones:

  • Tener como mínimo un centro de trabajo en el Área Metropolitana de Barcelona donde preste sus servicios la persona contratada.
  • Haber desarrollado su actividad desde hace al menos 6 meses.
  • Estar al corriente de pago de sus obligaciones con el Ayuntamiento de Barcelona (Instituto Municipal de Hacienda), la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
  • Suscribir y formalizar un contrato laboral no inferior a 6 meses o indefinido a partir de la desde el 1 de enero de 2022 y que esté en vigor en el momento de la solicitud.
  • La contratación tendrá que representar un incremento neto de la plantilla.
  • No se podrán acoger a la subvención las empresas que se encuentren en procesos de regulaciones de empleo (incluyendo los procesos temporales).
  • El máximo de contrataciones a subvencionar en una misma empresa o entidad será de 10 y no podrá superar el número de personas trabajadoras existentes en la fecha anterior al primer contrato acogido a esta subvención.
  • Persona trabajadora contratada debe de estar empadronada en la ciudad de Barcelona de forma interrumpida desde una fecha anterior a la contratación y, en cualquier caso, a la publicación de esta convocatoria.

Si necesita ayuda para solicitar esta ayuda o cualquier otra subvención, puede contactarnos a través del siguiente botón:

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¿Cuál es el importe de esta subvención?

  • El importe de la ayuda variará según el colectivo y también según la jornada laboral (solo en los casos de personas en riesgo de exclusión social).
  • El importe máximo de la subvención otorgada variará según colectivo en el que se inscriba la persona trabajadora contratada y el tipo de jornada.
  • Para tener derecho al total otorgado, será necesario que la relación laboral se mantenga durante al menos 6 meses ininterrumpidos.
  • En caso de baja de la persona trabajadora, se podrá proceder a su sustitución en el plazo de un mes por otra persona que cumpla los requisitos (también con contrato mínimo de 6 meses o indefinido).
  • El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta informada en el aplicativo, una vez publicada la correspondiente resolución en el BOPB.

¿Hasta cuando puede pedirse esta subvención para contratar parados de larga duración?

El plazo de solicitudes es hasta el 25 de Noviembre de 2022.

Las solicitudes estarán vinculadas a contratos que contemplen relaciones laborales no inferiores a 6 meses y a jornada completa, EXCEPTO en los casos de contratación de personas de colectivos de riesgo de exclusión social, en los que se admitirán contratos a tiempo parcial.

Puede descargar la guía completa a través de este enlace:  Guia CREA FEINA+ 2022 CAT

Sobre el autor:

Paula Fuentes

Paula Fuentes

Responsable de Ayudas y Subvenciones

Sammos Legal Abogados

 

 

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La indemnización por despido, cambios en el horizonte

El nuevo curso arrancará en septiembre con cambios en la indemnización por despido

La extinción de un contrato de trabajo por despido, con la vigente regulación laboral sólo se puede llevar a cabo por dos vías: el despido disciplinario (Art. 54 ET) o el despido objetivo (Art. 51 a 53 ET).

El primero de ellos, derivado de un incumplimiento disciplinario, como su propio nombre indica, en lógica coherencia, no conlleva indemnización.

La segunda tipología, si concurre la causa alegada conlleva una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de prestación de servicios, topada a doce mensualidades.

Nuestros especialistas del Área Laboral pueden atender estas y otras consultas laborales y aconsejarle sobre las posibilidades de actuación en cada caso.

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Cuando analizada la causa del despido se concluye que esta no tiene amparo legal, la consecuencia prevista para la mayoría de casos, acaba siendo la declaración de improcedencia.

La consecuencia de esta declaración de improcedencia, en la mayoría de supuestos, permite a la empresa optar entre readmitir al trabajador, pagando los salarios de trámite, o abonar una indemnización que hoy está establecida en 33 días por año de servicio con el límite de 24 meses.

Ante esta disyuntiva, en más del 90% de los casos la empresa opta por abonar la indemnización de despido.

Ello se vio especialmente favorecido con la reforma laboral de 2012 que eliminó los salarios de trámite para los casos de improcedencia indemnizada y bajó el importe de la indemnización (pasando de 45 días por año de trabajo con el límite de 42 mensualidades, a los actuales 33 días por año de servicio con el límite de 24 mensualidades).

Al ser una prerrogativa de la empresa, escoger  entre indemnizar o reincorporar unido a la rebaja del coste indemnizatorio, las empresas acaban optando por abonar ese importe a pesar de contravenir la Ley.

  • Recientemente el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en su Sentencia de 23 de abril de 2021 abría camino a una indmenizació superior a la legal, al recoger:
  • Con carácter general, la cuantía de la indemnización por despido viene fijada en el Estatuto de los Trabajadores de forma baremada en función del salario y los años de prestación de servicios con unos topes máximos. Asimismo, cuando la extinción se ha adoptado por motivos discriminatorios o con vulneración de derechos fundamentales y otras libertades públicas es posible reconocer una indemnización adicional. También lo es en ejecución de sentencia, ya que los jueces pueden incrementar las indemnizaciones tasadas hasta en 15 días por año de servicio hasta un máximo de 12 mensualidades (LRJS art. 281.2 b).
  • Reconoce la Sala en su sentencia la posibilidad de que cuando un órgano jurisdiccional considere que el monto de la indemnización tasada no es adecuado ni disuasorio, en aplicación del OIT Convenio 158 de la OIT pueda fijar una indemnización superior adecuada y disuasoria. Apunta los requisitos que deberán concurrir:
    • La notoria y evidente insuficiencia de la indemnización establecida legalmente, por resultar la misma manifiestamente exigua.
    • Que sea clara y evidente la existencia de una ilegalidad, fraude de ley o abuso de derecho en la decisión empresarial extintiva del contrato.
  • Respecto de la cuantía de la indemnización adicional, el Tribunal Superior de Justicia entiende que cuando el despido cause perjuicios a la persona asalariada puede incluir otros conceptos resarcitorios más allá del propio lucro cesante. Para ello, es necesario que esos daños sean cuantificados en la demanda y acreditados durante la fase probatoria. No pudiéndose aplicar de oficio.
  • Para evitar cualquier arbitrariedad o indefensión la persona despedida ha de concretar en su demanda los daños y perjuicios que pretenda sean tenidos en cuenta para fijar la indemnización y, asimismo, puedan ser rebatidos en juicio por empresa.

En esta línea de fijar un marco indemnizatorio que tenga en cuenta las particularidades de los diferentes colectivos laborales, y que por tanto no se igual para todos, (anticipaba la Ministra hace unos días), tienen intención de trabajar a la vuelta del verano, para establecer un nuevo marco normativo adecuado a las peculiaridades de los trabajadores y trabajadoras despedidos.

Sobre el autor:

Avelina Barja

Socia Fundadora y Directora del Área Laboral

Sammos Legal Abogados

“Nunca eres demasiado viejo para tener otra meta u otro sueño”

C.S. Lewis

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Puedes reclamar una negligencia médica al dentista

Como perjudicado por una negligencia médica, puedes reclamar a tu clínica dental y al dentista que te ha realizado los implantes

 

Al igual que otras Audiencias Provinciales, la de Murcia en su sentencia de 4 de abril de 2022, razona que, como sucede en la mayoría de los casos, uno cuando acude a una clínica dental o al dentista, para un implante o para adquirir cualquier otro servicio de los que ofrecen este tipo de establecimientos firma un contrato con la clínica, como empresa, pero no con los profesionales que trabajan en y para esa clínica y que, a la postre, son los verdaderos autores de la negligencia médica o de la mala praxis en cuestión.

Así pues, las controversias suelen centrarse en la falta de legitimación pasiva para soportar la reclamación, de los odontólogos que allí trabajan y que han realizado defectuosamente la intervención para la colocación del implante, por ejemplo, ya que el perjudicado celebra contrato fuente de la obligación de prestar correctamente el servicio con una empresa para la que suelen trabajar los profesionales que lo prestan.

En muchos de estos casos, la empresa clínica dental interviene como garante y gestora del servicio ofrecido y que los profesionales también intervienen en la relación contractual como los encargados de prestar el servicio que la mercantil garantizaba y gestionaba.

En el área de Negligencias médicas de Sammos legal Abogados sabemos perfectamente cómo afrontar estos casos y ofrecemos a nuestros clientes una primera visita de asesoramiento para examinar su caso.

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Debe examinarse caso por caso pero, según esta sentencia, el típico argumento de defensa de los odontólogos, de que actúan en una relación de dependencia respecto de la clínica, incluso aunque hayan actuado como profesionales autónomos, facturando por sus servicios a la clínica y no percibiendo los honorarios directamente del paciente no debe prosperar si en el consentimiento informado o en el presupuesto, que normalmente son los únicos documentos que firmamos cuando acudimos a estas clínicas dentales, aparecen los profesionales ya que, en estos casos, la mercantil que explota la clínica interviene en labores de gestión y garantía, y no sólo de intermediación o puramente instrumental.

De modo que la la sociedad mercantil titular de la clínica respondería en el ámbito de la culpa contractual, como garante de la prestación del servicio que debería llevarse a cabo de acuerdo o en consonancia con la «lex artis», y los doctores asumen la responsabilidad en cuanto que adquirieron contractualmente la obligación de ser ellos quienes prestarían el servicio garantizado por la mercantil, desde el punto y hora en que fueron ellos quienes se obligaron personal y directamente frente al paciente perjudicado a la prestación del servicio.

Cuando acudimos al abogado después de sufrir una mala praxis médica en el ámbito de la odontología, conviene examinar quién aparece en el consentimiento informado y en el presupuesto, para saber contra quién hemos de dirigirnos para reclamar.

Si, aparece el nombre «clínica Dental», sin más, esto es, no aparece el nombre de la mercantil «XXX, S.L.», pero sí aparecen los nombres de los/las doctores/as que van a llevar a cabo el tratamiento contratado o si se recoge en el presupuesto que está sujeto a posibles variaciones después de las pruebas radiológicas o en caso de aparecer patologías ocultas o inesperadas, pruebas y determinación de patologías ocultas que desde luego corresponden ser constatadas por los profesionales que van a intervenir y, por lo tanto, están implicados en la negligencia por la que se reclama.

Por otro lado, en el Consentimiento Informado, si además de por el paciente, aparece firmado por el/la Doctor/a XX y si bien cabría considerar que lo hace como administrador/a o representante de la mercantil, debe estarse a los signos externos de la clínica odontologica con independencia del régimen de gestión interna de pagos o recibos de honorarios que existiera entre ellos o en relación con la mercantil, a lo cual desde luego era ajeno el paciente.

Sobre el autor:

Luis López

Especialista en reclamaciones por Negligencias Médicas

Sammos Legal Abogados

 

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El salario es inembargable, pero el dinero ahorrado no

 ¿Es el salario inembargable?

 

Sí, es pacífica y conocido popularmente que el salario es inembargable, ya sea sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo inter-profesional, tal y como establece expresamente el art. 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Incluso cuando ese ahorro derive de ingresos recibidos en una cuenta bancaria por importe del salario mínimo inter-profesional (SMI) inembargable que, para este año 2022,  es de 1.000 euros brutos mensuales. (14.000 euros anuales incluyendo dos pagas extraordinarias)

 

Pero, ¿qué ocurre con el ahorro derivado de esos ingresos recibidos por el importe del SMI inembargable que no se gasta en el mes de su cobro?

 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, (en resolución 372/2020, de 19 de abril de 2022) se ha pronunciado sobre esta materia, para reiterar que aquella parte de los ingresos equivalentes al SMI, no consumidos durante el mes en que sean ahorrados, sí  podrán ser embargados.

 

El caso concreto analizado por la Sala 3a. del TEAC afectaba a un jubilado con pensión embargada:

 

Tras recibir el equivalente al SMI de la prestación mensual previamente embargada, de conformidad con los límites de la LEC, en su cuenta bancaria, los ahorros sobre el mismo le fueron embargados también.

 

Su discrepancia con el proceder de la administración embargante ha acabado en este pronunciamiento del TEAC de 19 de abril de 2022.

 

En concreto, después de reproducir los arts. 170.3 y 171 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, el Tribunal señala que únicamente cabrá exceptuar, a los efectos de aplicar la escala de la LEC, “el último importe ingresado en la cuenta en concepto de sueldo, salario o pensión”. 

 

Es decir, “el saldo disponible en la cuenta a la fecha del embargo, deducida la cantidad resultante de aplicar lo anterior, es íntegramente susceptible de embargo, con independencia de que tenga su origen en el abono de anteriores percepciones salariales”.

Nuestros especialistas del Área Laboral pueden atender estas y otras consultas laborales si resulta necesario y aconsejar sobre las posibilidades de actuación en cada caso.

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El Tribunal Supremo deberá pronunciarse ahora sobre si el salario es inembargable

 

Se abre ahora la puerta a que el Supremo se pronuncie sobre la materia, si bien pronunciamientos anteriores de nuestra máxima instancia judicial apuntaban en la dirección recogido en esta resolución.

 

La consecuencia practica que se prevé será el embargo íntegro de los saldos bancarios incluso aunque provengan del cobro del importe equivalente al SMI inembargable.

Hasta ahora cuando esto se producía era habitual que ante una reclamación del afectado se le reintegrase la cuantía embargada.

 

Si bien entendemos, (en abierta discrepancia con esta decisión), que con este proceder se vulnera la garantía de ingresos mínimo que para la pervivencia decorosa de cualquier ciudadano supone el SMI y que la resolución del TEAC es harto discutible, asumimos que ese será el proceder en materia de embargos sobre el ahorro en adelante.

Avelina Barja 

Socia Fundadora y Directora del Área Laboral

Sammos Legal Abogados

 

“Gasta siempre una moneda menos de lo que ganes” – Cesare Cantù 

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Fin de la publicidad encubierta de los “influencers” y las reseñas falsas

El pasado sábado 28 de mayo de 2022, entra en vigor la transposición de la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y que afectará a la legislación en materia de consumidores y usuarios. Se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Entre las numerosas adaptaciones que introduce, una que llama la atención es que se pone fin a la publicidad encubierta de los “influencers” y a las reseñas falsas en los establecimientos comerciales.

Se prevén sanciones a las plataformas de comercio electrónico y a los“influencers” que pueden llegar al millón de euros, en caso de incumplimientos muy graves.

Fundamentalmente se dirige, por tanto, a la publicidad encubierta en las redes sociales y en las plataformas de vídeo o de “streaming”. Así, los“prescriptores”, como denomina la norma a los “influencers”, tendrán que especificar y dejar claro en las comunicaciones pagadas que se trata de un contenido publicitario. En caso de incumplimiento, su conducta puede ser objeto de sanción. El empresario podría quedar fuera de la infracción si acredita el desconocimiento o la disconformidad con la actuación desleal del prescriptor. Se considerará desleal, por tanto, el acto de incluir como mera información una comunicación pagada por un empresario.

Publicidad encubierta en Instagram

Debe utilizarse la pestaña de “colaboración pagada” en la red Instagram, por ejemplo, o etiquetar la colaboración como publicidad interesada o pagada de forma que sea visible para el consumidor. Se pretende la protección de los menores que pasan muchas horas consumiendo contenidos en esas plataformas y que no disciernen lo que es una información desinteresada de una publicidad encubierta de un producto o servicio. Y activar mecanismos de responsabilidad y sanción,tanto para la marca, el empresario y o el prescriptor o colaborador publicitario es fundamental.

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Fake reviews (reseñas falsas)

Otra de las novedades se refiere a los comentarios, reseñas y valoraciones que se escriben en el comercio online. Así estará prohibido añadir o encargar la inclusión de opiniones o aprobaciones falsas y pagadas, las conocidas como “fake reviews” con el fin de promocionar bienes o servicios dándoles puntos engañando a clientes que buscan una valoración real.

También se deberá informar sobre si las reseñas de los consumidores facilitadas por los empresarios se corresponden con compradores que han adquirido el bien con anterioridad para garantizar así que no se trata de reseñas falsas y encargadas por las propias marcas para ganar notoriedad. El incumplimiento de estos requisitos será considerado una práctica desleal por engañosa.

Y como curiosidad, se habilita la restricción de determinadas formas y aspectos de las visitas no solicitadas efectuadas por el empresario en el domicilio del consumidor, o las excursiones organizadas por el mismo con el objetivo o efecto de promocionar o vender bienes o servicios.

Luis López

Socio Area Litigación y Empresa

Postgrado UB en Derecho de Consumo

Sammos Legal Abogados

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Improcedencia de los despidos en ERE por incumplimiento de forma

En SammosLegal Abogados nos enfrentamos por primera vez a un caso de despidos en ERE, en el que un acuerdo verbal entre los miembros de la comisión negociadora, una vez concluido el periodo de consultas, pretendia demorar el pago de las indemnizaciones en un despido colectivo.

El caso

Tras la conclusión del período de consultas la empresa Phibo Dental remitió a todos los afectados por el ERE, la comunicación de despido con fecha de efectos de tres días después, indicando que el pago de la indemnización se haría a la fecha de la extinción y no en el momento de la comunicación.

La sentencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado la sentencia que dictó el Juzgado de lo Social 3 de Sabadell, en la demanda dirigida por los Abogados del equipo laboral de SAMMOS LEGAL y reconoce a nuestro cliente, en sentencia de 6 de abril de 2022, la improcedencia del despido practicado en el marco del despido colectivo por causas económicas comunicado en fecha 4 de agosto y cuya indemnización fue abonada tres días más tarde.

El TSJ de Cataluña se pronuncia con respecto a la importancia de cumplir minuciosamente con el artículo 53.1b) del Estatuto de los Trabajadores, el cual dispone que se exige poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

Reitera que es imprescindible que junto con la comunicación del despido se le transfiera al trabajador la indemnización que le corresponda, y que, por tanto, solo es admisible el aplazamiento del pago de forma excepcional por razones económicas, como la falta de liquidez de la empresa para atender a todos los pagos exigidos.

Además, el Tribunal indica que solo es admisible bajo esas circunstancias en los despidos colectivos cuando no resulte abusiva y lo hubieren pactado los negociadores durante el periodo de consultas.

Nuestra opinión como Abogados especialistas en despidos en ERE

En el caso que nos ocupa, el juzgador valora que, como la decisión de adelantar la comunicación del despido sin avanzar el pago a la misma fecha, se realiza una vez finalizado el periodo de consultas, la demora en el pago no tiene amparo legal.

En suma, y en atención a la rigurosidad interpretativa de la excepción del requisito de la simultaneidad, el Tribunal concluye que el hecho de que la empresa notificara el despido al trabajador el día 4 de agosto, siendo que la cantidad a abonar en concepto de indemnización fuera ordenada en fecha 7 de agosto, implica una dilación en el pago que, aun breve, quiebra aquella exigida simultaneidad temporal sin amparo en acuerdo efectivo que la habilite.

Por todo lo expuesto, aplicando la normativa y la jurisprudencia expuesta al caso, podemos extraer dos conclusiones claras:

  1. Las decisiones tomadas fuera del periodo de consultas en un despido colectivo no tienen efectividad.
  2. El aplazamiento de pago debe responder a una causa real relacionada con problemas de iliquidez.
  3. La observancia del requisito formal del artículo 53.1 b) del ET es indispensable, y se considerará incumplido incluso cuando la dilación de pago en el tiempo sea breve.

El equipo de SAMMOS LEGAL Abogados lleva más de 24 años asesorando en material laboral y de despidos a empresas y trabajadores. Puedes ampliar esta información contactándonos para que estudiemos tu caso concreto y podamos hacer una valoración adecuada del mismo.

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Autora de la publicación:

Andrea Velasco

Trainee Área Laboral

Sammos Legal Abogados

 

 

 

Supervisora de la publicación dirección letrada:

avelina barja abogado laboral barcelona

Avelina Barja

Abogada – Socia Área Laboral

Sammos Legal Abogados

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Negligencia médica: la visión de un Abogado especialista

Esta es la visión de nuestro Abogado sobre una negligencia médica en una operación de protesis mamaria

Una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias desestima una reclamación de una paciente que fue sometida a una serie de intervenciones quirúrgicas sobre sus pechos que desembocaron en complicaciones post operatorias y en un resultado insatisfactorio para la paciente, desde el punto de vista estético.

Hay que tener en cuenta que estas intervenciones eran necesarias desde el punto de vista clínico, había un riesgo cancerígeno elevado, es decir, que no fueron llevadas a cabo por una decisión estética de la paciente, sino que fue el medico quien, para proteger la salud de la paciente, ordenó que se sometiera a esta intervención.

Otro dato a tener en cuenta es que el consentimiento informado fue entregado a la paciente para su firma poco antes de ser operada, concretamente en la sala pre operatoria unos minutos antes de entrar al quirófano.

La decisión de la Audiencia Provincial de Asturias se fundamenta en que la demandante perjudicada estuvo informada suficientemente, a través de las sucesivas consultas previas, de la intervención que iba a tener en el pecho derecho y de las razones profilácticas a las que obedecía. No solo la paciente prestó conformidad, sino que mostró su deseo de llevar la operación a cabo.

En el consentimiento informado firmado se recoge, entre las diversas complicaciones que puede presentar esa cirugía, la posibilidad de no estar satisfecha con los resultados de la cirugía. En concreto, puede ocurrir asimetría en el emplazamiento de las prótesis, forma o tamaño de las mamas. También, puede darse desplazamiento insatisfactorio o mala calidad de las cicatrices. Y por ello, continúa el consentimiento informado, podría necesitarse realizar cirugía adicional para mejorar estos resultados.

Las pruebas periciales que se practicaron en el procedimiento judicial, avalan la presencia frecuente de esos resultados insuficientes desde el punto de vista estético, que consideran «inherentes» a esta clase de cirugías, así como la posibilidad de mejora mediante nuevas intervenciones, a realizar cuando transcurra un mínimo de seis meses.

Desde el punto de vista de su contenido se estima por la Audiencia de Asturias que, en consecuencia, el consentimiento informado, aunque fuera firmado unos minutos antes de entrar en el quirófano, proporcionaba a la paciente información adecuada, suficiente y comprensible del riesgo que finalmente se produjo, cumpliendo así la finalidad que le es propia, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial dictada al respecto.

Lo que aquí sucede, como en la mayoría de los casos, es que ese documento se lo entregaron a la firma pocos minutos antes de la intervención; y, según la paciente, contiene tachaduras; no incluye los riesgos personalizados ni otras alternativas u opciones. Tampoco tiene fecha, pues la única que figura es la de la intervención junto a los demás datos de la misma en una pegatina sita en su parte superior derecha.

La Audiencia Provincial de Asturias, no otorga credibilidad a la versión de la paciente sobre este punto. Tampoco importa, señala la Audiencia en su sentencia, que ese documento tenga tachado el apartado relativo a riesgos personales. Considera que eso en nada influye en su cometido de informar adecuadamente a la paciente del alcance de la intervención y de sus posibles complicaciones, que se detallan con la necesaria claridad.

Si precisa asesoramiento legal experto acerca de alguna negligencia médica abogado no dude en consultar con nuestros especialistas a través del siguiente botón:

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Y el que no incluya otros riesgos que pudieran ser específicos de perjudicada, tampoco añade nada especial, en tanto nada consta acerca de que existieran en su caso, pues lo que alega la paciente en este apartado se refiere al riesgo mismo de la propia intervención, y no a otras circunstancias particulares de la paciente.

Y la ausencia de referencia a otras alternativas u opciones distintas de la cirugía en cuestión es también irrelevante, pues ni siquiera se alega que existieran otras alternativas clínicas distintas de la opción que consiste en no someterse a la intervención quirúrgica descrita en el consentimiento informado.

Según esta sentencia, la perjudicada sabía cuál era la razón última de la operación, el elevado riesgo oncológico y en este marco, unido a las posibles complicaciones que se detallaban en el repetido documento, debe evaluarse su conocimiento y posibilidad de decidir de modo libre y consciente.

Aun concluyendo que el resultado de la doble intervención no puede calificarse de positivo desde el punto de vista estético, al ser ésta una complicación frecuente en estos casos, era posible su corrección posterior, como así efectivamente fue, aunque a manos de un tercer cirujano.

Para ganar este caso, lo aquí determinante hubiera sido alegar una negligencia profesional concreta de la cirujana que llevo a cabo las dos primeras intervenciones, que hubieran ocasionado un resultado lesivo distinto al de la mera incorrección o deficiencia estética, ya que los tribunales españoles consideran que este tipo de intervenciones medicas están sujetas a la obligación de poner todos los medios a su alcance por parte de los centros médicos y de sus profesionales y no a la obligación de proporcionar resultados concretos que sean satisfactorios a ojos de los pacientes.

Sobre el autor:

Luis López Pardo

Abogado Responsabilidad Civil y Negligencia médica

Sammos Legal Abogados

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Nuevas subvenciones para Startup en Cataluña

Se aprueban nuevas subvenciones destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de empresas emergentes (start-up) tecnológicas

 

El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) ha publicado la Resolución EMT/1336/2022, de 5 de mayo, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las nuevas líneas de subvenciones destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de empresas emergentes (start-up) tecnológicas.

Objetivo de las nuevas subvenciones para startup

Objetivo de esta línea de ayudas: contribuir al crecimiento en fases iniciales de empresas emergentes tecnológicas. De esta forma se apoya un sector clave para la transformación de la economía catalana.

¿Cuándo entra en vigor?

Entrada en vigor: esta Resolución entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

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Requisitos mínimos

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pequeñas empresas emergentes (start-up) tecnológicas con tecnología propia y establecimiento operativo en Cataluña que cumplan los requisitos siguientes:

  • Que se hayan constituido, contado a partir de la fecha de inscripción de la empresa al Registro Mercantil (o registro análogo), como mínimo 1 día antes de la publicación de la correspondiente convocatoria en el DOGC.- Que se hayan constituido, contado a partir de la fecha de inscripción de la empresa al Registro Mercantil (o registro análogo), como máximo, 18 meses antes de la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.
  • Que tengan personalidad jurídica propia, independiente de la de sus socios fundadores.
  • Que el equipo fundador de la empresa sean emprendedores, y que tengan la mayoría del capital de la empresa (51%).
  • Que la financiación total recibida hasta la fecha de solicitud en forma de subvenciones públicas, préstamos no garantizados por parte del equipo emprendedor y aportaciones de capital que no provengan del equipo emprendedor, sea inferior a 250.000,00 euros (se tendrá que indicar como un punto dentro de la memoria técnica).
  • Que no estén cotizadas.
  • Que no hayan distribuido beneficios.
  • Que no hayan estado fruto de un proyecto de concentración empresarial o se hayan hecho cargo de otra empresa.
  • Estar en situación censal de alta a la Agencia Tributaria que acredite la realización de actividad económica.

Cuantía económica de las subvenciones para Startup

Ayuda económica: La intensidad de la ayuda será del 75% del coste subvencionable, con un máximo de 99.000,00 euros por proyecto.

Bases completas: RESOLUCIÓN EMT/1336/2022, de 5 de mayo

Sobre el autor:

Paula Fuentes

Paula Fuentes

Responsable de Ayudas y Subvenciones

Sammos Legal Abogados

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Nueva Ley de Datos Personales en Andorra

Si su empresa intercambia datos personales con Andorra deberá adaptarse a su nueva ley desde el 17 de mayo

La legislación andorrana en materia de protección de datos siempre ha tenido vocación de homologable a la de la sus países vecinos y, por ello, el 19 de octubre de 2010 la Unión Europea emitió la decisión 2010/625/UE por la que se considera que Andorra ofrece un nivel adecuado de protección de datos personales, tanto en el ámbito interno como en el flujo transfronterizo de datos.

No obstante, la plena entrada en vigor del Reglamento Europeo (RGPD), el pasado 25 de mayo de 2018, exigía una nueva adaptación de la normativa andorrana, que era similar a la antigua LOPD española. Así, el 17 de mayo de 2022, el Principado habrá dado un nuevo paso en este sentido con la entrada en vigor de la “LLEI 29/2021, DEL 28 D’OCTUBRE, QUALIFICADA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS”.

En términos generales esta ley es muy similar al Reglamento Europeo (RGPD), pero presenta algunas particularidades propias del país alpino, especialmente en lo que se refiere a su Autoridad de Control, por ejemplo.

Si su empresa tiene intercambios comerciales con empresas Andorranas o actúa como encargada de tratamiento de datos para empresas Andorranas o utiliza los servicios de encargados de tratamiento de datos Andorranos deberá adaptarse a su cumplimiento.

Si precisa ayuda para ello, no dude en consultar con el equipo de protección de datos de Sammos Legal Abogados.

SOLICITAR CONSULTA

Veamos algunos aspectos que pueden afectar a las empresas españolas:

  • La nueva ley andorrana no sólo es aplicable a los responsables y encargados de tratamiento con sede social en Andorra, sino que también es aplicable a todos los tratamientos de datos de responsables o encargados no domiciliados en el Principado cuando utilicen medios de tratamiento ubicados en ese territorio. De este modo, si tenemos un encargado de tratamiento en Andorra o sus medios se encuentran ubicados en ese país, su legislación será de plena aplicación al tratamiento en cuestión, aun tratándose de una empresa española.
  • En el caso del punto anterior, los responsables o encargados no domiciliados deberán contar, además, con un representante establecido en Andorra.
  • Por lo demás, en general, cualquier empresa española, al tratarse de una empresa de la Unión Europea, puede realizar transferencias transfronterizas de datos con Andorra siempre que cumpla correctamente con la normativa europea.

En SAMMOS Legal Abogados, contamos con el servicio de Delegado de Protección de Datos y disponemos de un servicio completo de asesoramiento especializado en protección de datos. Le invitamos a que nos exponga su caso en detalle para que podamos analizarlo y asesorarle específicamente.

Sobre el autor:

Ignacio Infiesta García

Ignacio Infiesta García
Consultor, Auditor de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo
Delegado de Protección de Datos Certificado (esquema AEPD)
Nº ISMS 2021 20 0084
Lead Auditor ISO 27001, IQNet – AENOR
Sammos Legal Abogados

 

 

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¿Es legal que la empresa espíe en tu ordenador?

En esta entrada de nuestro blog vamos a analizar una reciente sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para saber si es legal que la empresa espíe en tu ordenador para obtener pruebas contra ti y despedirte.

Los hechos

Si bien los hechos que se someten a examen conllevan la valoración de otras cuestiones jurídicas, en este caso vamos a enfocarnos en la forma de intervenir los medios informáticos que la empresa empleadora pone a disposición del personal de su plantilla.

El supuesto que analizamos en la sentencia 35/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 26 de enero de 20221, es el siguiente.

Un trabajador, D. Serafín, de la empresa INV VIGILANCIA S.L., aparentemente estaba desviando información de clientes de su empleadora a otras mercantiles del mismo sector, las mercantiles CIB CONTROL 2005, S.L. y CONTROL 61.

Si quiere que le asesoremos con este o cualquier asunto de otra índole, por favor, póngase en contacto con nosotros a través del siguiente botón:

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La sentencia

La sentencia considera acreditado que D. Serafín, a fecha 1 de octubre de 2019, con anterioridad a los hechos que se le imputaban, había firmado un documento de confidencialidad con la empresa empleadora (INV VIGILANCIA SL). Este documento incluía, entre otras cláusulas, una concreta que contenía un compromiso del trabajador firmante de no revelar a terceros información de la empresa empleadora, específicamente de sus clientes.

También con anterioridad a los hechos que se imputaban al trabajador, por parte de la empresa empleadora, el servicio jurídico de esta había remitido al personal de la plantilla de INV VIGILANCIA S.L. un correo electrónico que difundía un documento denominado «manual de usuario». Ahora bien, según la documentación aportada al expediente judicial por la empresa, no se acreditaba que dicho correo electrónico y el manual de usuario se remitieran también a D. Serafín.

Por otro lado, según acreditó la empresa INV VIGILANCIA S.L. mediante un correo electrónico de fecha 30 de septiembre de 2020, la citada mercantil ya tenía sospechas de que alguno de sus trabajadores estaba transfiriendo algunos de sus clientes a terceras empresas del mismo sector.

Asimismo, la sentencia considera acreditado que INV VIGILANCIA S.L. había efectuado un encargo profesional a D. Bernardo desde el 25 de agosto de 2020 para investigar las sospechas antedichas.

Registro

Una vez explicados los antecedentes, la sentencia de instancia describe, y la de apelación mantiene, como hechos probados que, el 2 de octubre de 2020 se personaron en el puesto de trabajo de D. Serafín las siguientes personas, además del propio trabajador:

1. Da. Azucena y D. Aquilino, pertenecientes al servicio jurídico de INV VIGILANCIA S.L.

2. D. Baltasar, ajeno a INV VIGILANCIA S.L., encargado de desconectar, retirar y recoger en bolsas precintadas todos los dispositivos informáticos de D. Serafín.

3. D. Bernardo, investigador encargado de realizar el registro físico del puesto de trabajo de D. Serafín, así como el de los dispositivos informáticos retirados por D. Bernardo utilizando un filtro de palabras clave.

Se da por acreditado que D. Serafín no consintió en tal registro y que tampoco estuvieron presentes ningún otro trabajador de INV VIGILANCIA S.L., ni ningún representante sindical de los trabajadores. La sentencia considera que no se ha acreditado por la mercantil ninguna circunstancia que impidiera la concurrencia de ambos o alguno de ellos.

Ese mismo día, 2 de octubre de 2020, la empresa INV VIGILANCIA S.L. entregó a D. Serafín una carta en la que se le comunicaba la suspensión de empleo. La fecha de dicha comunicación era 1 de octubre de 2020.

Posteriormente, INV VIGILANCIA S.L. remitió a D. Serafín carta de 23 de octubre de 2020 en la que le informaba de su despido disciplinario, comunicación recibida por D. Serafín el 5 de noviembre de 2020.

La sentencia de instancia núm. 130/2021 dictada por el Juzgado de lo Social nº 9 de Murcia, en fecha 29 de abril de 2021, declaró improcedente el despido del Sr. Serafín y dio por extinguida la relación laboral con INV VIGILANCIA SL al considerar que no había prueba acreditativa de la vinculación de D. Serafín y la empresa Control 61, pese a que consideraba que sí podía existir competencia desleal entre D. Serafín y la mercantil CIB CONTROL.

El Juzgado de lo Social nº 9 de Murcia llega a las conclusiones anteriores dado que considera ilícitas las pruebas obtenidas por INV VIGILANCIA S.L. tras el examen de los dispositivos informáticos intervenidos en el puesto de trabajo de D. Serafín.

Sentencia de primera instancia

Cierto es, y así lo reconoce el juzgado reseñado, que la empresa tiene facultades de vigilancia y control de los medios productivos, en este caso los dispositivos informáticos. Ahora bien, estas facultades no están exentas de límites a los que su ejercicio debe acomodarse.

La sentencia de instancia señala que el trabajador debe estar informado con anterioridad que esas facultades de vigilancia y control van a existir y van a ser utilizadas por la empresa empleadora respecto de él en concreto. Por otro lado, resalta que el trabajador, D. Serafín, tampoco autorizó la intervención de los dispositivos informáticos retirados y, por tanto, no hay base de legitimidad que permita a la empleadora utilizar sus facultades de vigilancia y control sobre los medios informáticos de trabajo de D. Serafín.

La resolución de instancia que venimos examinando prosigue su análisis del caso concreto y resalta que la firma de un documento sobre las facultades de vigilancia y control de la empleadora sobre los medios informáticos, debe ser anterior al ejercicio de dichas facultades, nunca posterior ni simultáneo. Por ende, las facultades de vigilancia y control nunca podrán tener efectos retroactivos.

En su fundamentación, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de Murcia, especifica que, en el caso examinado, la firma por parte de D. Serafín del documento sobre uso, control y vigilancia de los medios informáticos, de fecha 2 de octubre de 2020, es simultánea al registro e intervención de dichos medios informáticos no anterior y, en consecuencia, no podía exigirse al trabajador el cumplimiento de dicho documento sino a partir de ese momento, no con anterioridad ni de manera simultánea a su firma.

Sin perjuicio de lo anterior, la sentencia de instancia también resalta que el registro no respetó las formalidades previstas en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores respecto de la comparecencia de otro trabajador y/o de un representante de los trabajadores, siempre que fuera posible.

Sentencia de segunda instancia

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia respeta los hechos probados de la sentencia de instancia y acoge el razonamiento jurídico de esta.

Así, no se discuten las facultades de vigilancia y control del empresario respecto de los medios y la organización productivas. Lo que se reitera es que, para ejercer estas facultades, es imperativo guardar la debida consideración a la dignidad personal del trabajador, respetar su intimidad, los derechos constitucionales y el principio de proporcionalidad.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia destaca que el uso del correo electrónico por parte de los trabajadores en el ámbito laboral queda protegido bajo el paraguas del derecho constitucional a la intimidad, artículo 18 CE, y, por ello, debe advertirse con antelación a cualquier trabajador que sus comunicaciones pueden ser objeto de seguimiento y control por parte del empleador.

En el caso de autos, el pacto de confidencialidad firmado por D. Serafín a fecha 1 de octubre de 2019, bajo ningún concepto implica que se le hubiera informado del modo de uso de los dispositivos informáticos de la empleadora, ni tampoco de la posibilidad de control y vigilancia de dicho uso por parte de la empleadora.

Por otra parte, el tribunal ad quem, niega que se pueda considerar informado a D. Serafín de la posibilidad de control y vigilancia de los dispositivos informáticos de forma inmediata a su comunicación y sin solución de continuidad, en referencia al documento informativo de fecha 2 de octubre de 2020.

De la misma manera que lo hace el juzgado de primera instancia, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia considera que las facultades de vigilancia y control no pueden ser utilizadas con efectos retroactivos respecto del uso de los medios informáticos por parte del trabajador, máxime cuando el derecho constitucional a la intimidad puede verse afectado.

Por tanto, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia tampoco acepta que INV VIGILANCIA S.L. cumpliera con el requisito de comunicación previa del uso de las facultades de vigilancia y control de los medios informáticos, puesto que dicha comunicación fue simultánea y el control debe realizarse a posteriori.

Así pues, esta sentencia pone de relieve la importancia de la existencia de una comunicación fehaciente y previa a los trabajadores de la posibilidad del empleador de hacer uso de sus facultades de vigilancia y control en relación con los medios informáticos que se ponen a su disposición.

Conclusiones

Se ha de tener muy en cuenta que, además, estas facultades deben usarse con proporcionalidad, tanto en su forma como en su fondo y alcance.

Para alcanzar estos objetivos es esencial la existencia de un plan o protocolo actualizado sobre los usos de los medios informáticos en el ámbito laboral y que este se comunique fehacientemente a los trabajadores.

Nótese que, en el caso analizado, los documentos intervenidos a través del examen de los dispositivos informáticos, serían probablemente incriminatorios, pero quedan fuera del acervo probatorio por el incumplimiento de las normas para acceder a dichos dispositivos.

Sobre el autor:

Elena Vallejo

Elena Vallejo

Of Counsel Penal y Derecho Digital

Sammos Legal Abogados

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Casos en los que estas sufriendo una negligencia médica

Cuando empezamos a sospechar que estamos siendo víctimas de una negligencia médica es inevitable que vengan a la cabeza preguntas o dudas como:

    • ¿Has ido al hospital y no te han atendido como esperabas?
    • ¿El medico en el que confiabas ha cometido un supuesto error y estas sufriendo sus consecuencias?
    • ¿Tenías una operación programada y se está retrasando y no sabes muy bien por qué?
    • ¿El resultado de unas pruebas médicas no ha sido el que te habían dicho los profesionales sanitarios?
    • ¿Sufres una lesión de la que no te habían informado tras someterte a una intervención quirúrgica?

Estos y muchos otros son los típicos ejemplos de posibles negligencias médicas cometidas por profesionales sanitarios, o de prestaciones de servicios sanitarios defectuosos a cargo de hospitales públicos o centros sanitarios gestionados por las administraciones públicas.

Porque, ante todo, debes tener en cuenta que una negligencia médica es cuando el personal sanitario en general no ha actuado como debería haberlo hecho siguiendo los protocolos y las técnicas reconocidas y aceptadas por la comunidad médica o científica.

Cuando no observan las reglas establecidas, o utilizan una técnica defectuosa, o cuando no actúan según los protocolos sanitarios o según los estándares de la práctica médica. Un ejemplo sencillo: ante un cuadro clínico determinado, no prescriben el tratamiento correcto al paciente y éste sufre un daño o lesión.

Si precisa asesoramiento legal experto acerca de una negligencia médica no dude en consulta con nuestros especialistas a través del siguiente botón:

SOLICITAR CONSULTA

Son explicaciones sencillas pero que requieren de un análisis pormenorizado a cargo de un profesional jurídico especializado como el que puedes encontrar en Sammos Legal Abogados.

Pero también puede ocurrir que acudas a los servicios sanitarios de tu comunidad autónoma y estos no funcionen como debiera ser esperado. Hay retrasos injustificados, la atención sanitaria al paciente es deficiente, no hay una correcta desinfección de un quirófano por ejemplo, el cirujano actúa con imprudencia, el especialista no realiza las pruebas adecuadas ante unos síntomas concretos, entre otros muchos casos… siempre que se produzca un daño o lesión en el paciente, éste debe ser indemnizado.

También están los casos de vulneraciones de los derechos del paciente o los casos en los que el consentimiento informado antes de someterse a una operación, no se firma en las condiciones adecuadas o no resulta completo en el momento de sufrir algún tipo de consecuencia post operatoria no prevista.

No dudes en consultar con nuestro equipo especializado sin ningún tipo de compromiso. Estaremos encantados de atenderte

Luis López Pardo

Área de Responsabilidad Civil y Negligencias

Sammos Legal Abogados

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Delegado de Protección de Datos en empresas de 50

En nuestro último boletín informativo, ya avanzamos que, el 4 de marzo pasado, el Consejo de Ministros aprobó un Anteproyecto de ley por el que se protege a las personas que comuniquen infracciones por canales internos de denuncias, para trasponer la Directiva (UE) 2019/1937, según el cual será obligatorio disponer de un canal de denuncias para empresas de más de 50 trabajadores. Otra de las novedades de este anteproyecto es que en su artículo 34 impone también la obligación de disponer de un Delegado de Protección de Datos para esas mismas empresas.

En SAMMOS Legal Abogados, contamos con el servicio de Delegado de Protección de Datos externo o el de asesoramiento al delegado interno y disponemos de un servicio completo de asesoramiento especializado en protección de datos. Le invitamos a que nos exponga su caso en detalle para que podamos analizarlo y asesorarle específicamente

SOLICITAR CONSULTA

¿Quién está obligado a contar, ya hoy, con un Delegado de Protección de Datos? (*)

Según el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), las siguientes entidades:

    • Aquellas que traten datos de salud (clínicas, consultas médicas, hospitales, servicios socio-sanitarios, residencias de personas mayores, servicios de ambulancias…), afiliación sindical, origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, datos genéticos, datos biométricos (aquellas que disponen de sistemas de reconocimiento facial o de huella dactilar por ejemplo), relativos a la vida sexual u orientación sexual de personas físicas o datos relativos a condenas e infracciones penales (despachos de abogados y procuradores…), a gran escala.
    • Autoridades y organismos públicos (ayuntamientos, consorcios, entidades supramunicipales, fundaciones públicas…), excepto tribunales.
    • Aquellas que realicen observación habitual y sistemática de interesados a gran escala (video vigilancia…),

Y, como especifica la normativa española (LOPDGDD), también:

  • Centros sanitarios obligados a mantener historias clínicas de pacientes.
  • Centros docentes y Universidades públicas y privadas.
  • Empresas de comercio electrónico (prestadores de servicios de la sociedad de la información que elaboren a gran escala perfiles de usuarios).
  • Entidades que desarrollen publicidad y prospección comercial, investigación comercial y de mercados, cuando traten preferencias de los afectados o perfiles de los mismos.
  • Empresas de seguridad
  • Las entidades responsables de ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre ellos:
    • Fundaciones y asociaciones que reciban donaciones
    • Promotores e intermediarios inmobiliarios
    • Joyeros, anticuarios y galerías de arte
    • Loterías y otros juegos de azar presenciales en lo relativo a entrega de premios
    • Abogados en algunos casos
    • Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales
  • Establecimientos financieros de crédito, bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial, entidades aseguradoras y reaseguradoras y empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores.
  • Federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.
  • Entidades de emisión de informes comerciales de personas físicas o que gestionen ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito.
  • Operadores de juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos.
  • Colegios profesionales y sus consejos generales.
  • Explotadoras de redes/servicios de comunicación electrónica que tratan datos personales a gran escala.
  • Distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y de gas natural.

(*) Esta breve lista es una simplificación de la normativa para facilitar su divulgación. Para conocer exactamente si su empresa o entidad en la que participa está o no obligada a disponer de un Delegado de Protección de Datos u otros aspectos que le aplican de la normativa sobre privacidad, le invitamos a que nos exponga su caso en detalle para que podamos analizarlo y asesorarle específicamente.

Sobre el autor:

Ignacio Infiesta García

Ignacio Infiesta García
Consultor, Auditor de Protección de Datos y Cumplimiento Normativo
Delegado de Protección de Datos Certificado (esquema AEPD)
Nº ISMS 2021 20 0084
Lead Auditor ISO 27001, IQNet – AENOR
Sammos Legal Abogados

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Tercera convocatoria ayudas ERTE (abril 2022)

Se abre una tercera convocatoria ayudas ERTE. Con fecha 5/4/2022 enfocada a las personas que sean titulares de la prestación contributiva por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), derivada de un ERTE como causa de la Covid-19 y personas con contrato fijas-discontinuas que cobren prestación extraordinaria podrán acceder a esta ayuda.

Cuantía de la ayuda

El importe otorgado dentro de la tercera convocatoria ayudas ERTE, variará según los días que se haya estado en situación de un ERTE Covid-19, o según los días de reconocimiento de la prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo, durante el periodo entre el 1 de junio de 2021 al 31 de enero de 2022.

    • De 1 a 90 días: 600 euros
    • 91 días o más: 700 euros

Si precisa asesoramiento legal experto acerca de alguna ayuda o subvención, puede consultar a nuestros especialistas a través del siguiente botón:

SOLICITAR CONSULTA

¿Qué requisitos se tienen que cumplir?

Para acceder a la inscripción las personas interesadas tienen que cumplir los requisitos siguientes:

    • Tener el domicilio en un municipio de Catalunya entre el 1 y el 31 de enero de 2022, periodo en el cual la persona solicitante percibía el ERTE o la ayuda extraordinaria.
    • Estar en situacón de ERTE activo derivado de la Covid-19, con suspensión total o parcial del contrato, y que este ERTE coincida —al menos un día— con el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2022.
    • Que sean titulares de la prestación contributiva por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o de la prestación extraordinaria en el caso de contrato fijo-discontinuo (artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de diciembre), o que tengan pendiente el reconocimiento de la prestación por parte del SEPE, derivada de un ERTE dentro del mismo periodo indicado.
    • No tener deudas tributarias ni con la Seguridad Social y cumplir el resto de requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y otra normativa aplicable (se considera deuda —entre otras— las multas no pagadas o no haber pagado los tributos municipales)

 ¿Cuándo sabré si recibiré la ayuda?

Una vez se publiquen las bases y se resuelva la convocatoria, se informará a las personas perceptoras de la ayuda.

Sobre el autor:

Paula Fuentes

Paula Fuentes

Especialista en Ayudas y Subvenciones Públicas

Sammos Legal Abogados

 

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